Relevancia del caso
En este caso, el Tribunal estableció los procedimientos que se debe cumplir antes y después de la demolición de barrios marginales. En particular, dispuso que el organismo gubernamental solamente puede despejar terrenos cuando esto responde al interés público, se debe llevar a cabo un estudio para determinar cuáles personas cumplen con los requisitos para reubicación por parte del gobierno antes de la demolición mediante un "diálogo constructivo" con los residentes, y se debe identificar las opciones de reubicación para todos los beneficiarios que cumplan con los requisitos. La sentencia revitalizó el debate sobre la legalidad de los desalojos forzosos en la capital. Desde 2006, por lo menos 200,000 familias han sido víctimas de demoliciones ilegales bajo la excusa del embellecimiento y el desarrollo de la ciudad. Este caso reunió a grupos de la sociedad civil que trabajan en temas de derecho a la tierra, personas sin hogar y discriminación contra los dalits y otros grupos vulnerables. La sentencia se ha difundido ampliamente y despierta esperanzas en el esfuerzo por asegurar que los gobiernos aprueben políticas de desalojo que respeten las obligaciones de los derechos humanos, sirviendo como base para numerosas peticiones por el derecho a la vivienda posteriores presentadas en toda Delhi, particularmente respecto al lenguaje de la importancia de realizar estudios adecuados de los residentes y proporcionar soluciones de reubicación previamente a los desalojos y demoliciones.
Actualizado en diciembre de 2013.