Apelación ante el Alto Tribunal de Australia solicitando el reconocimiento de los derechos indígenas a acceder a recursos (pesca) con fines comerciales en zonas de propiedad indígena; cuestionamiento acerca de si la legislación que exige licencias para acceder a recursos hídricos con fines comerciales viola los derechos de propiedad indígena; derechos de pueblos aborígenes.
El Estado de Queensland y el Commonwealth sostenían que los regímenes legislativos sucesivos vigentes desde 1877 (en Queensland) y la década de 1950 (en el Commonwealth) habían extinguido los derechos de las comunidades del estrecho de Torres a pescar con fines comerciales, al regular “el control, la gestión y la explotación de los recursos vivos” dentro de las “zonas de propiedad indígena”.
Respondiendo a la apelación, el Alto Tribunal decidió que tales leyes no contradecían el reconocimiento de los derechos de propiedad indígena a la pesca con fines comerciales.
Según Butterly, “esta decisión no exige que el Commonwealth o Queensland reasignen licencias de pesca comercial ni ordena que se les otorgue a los peticionarios del derecho indígena una cierta cantidad de licencias. En la práctica, el único efecto inmediato es que los derechos relacionados con la pesca comercial pasan a estar sujetos a los procesos de actos futuros limitados previstos por la Ley de Propiedad Indígena (Native Title Act, (Cth) (‘NTA’)) de 1993. Sin embargo, estos asuntos deben ser negociados, en lugar de ser considerados en el restringido marco legal de la propiedad indígena. Asimismo, se debe reconocer que ya existen actividades intensas de pesca comercial llevadas a cabo por indígenas en la zona del estrecho de Torres. Los interrogantes prácticos planteados por la decisión constituyen una valiosa oportunidad para iniciar discusiones y para destacar la exitosa pesca comercial que ya está siendo desarrollada en el estrecho por los propietarios tradicionales” (Butterly, ILB, 2013).
El Comisionado para la Justicia Social de los Isleños y Aborígenes del Estrecho de Torres, Mick Gooda, declaró en 2013 que “los derechos de pesca comercial son fundamentales para los pueblos indígenas de Australia, no solo porque son derechos tradicionales, sino, también, porque tienen una importancia vital para el desarrollo económico de las comunidades indígenas” (Comisión de Derechos Humanos de Australia, 2013). La decisión, que fue dada a conocer después de más de una década de litigio, establece por primera vez el reconocimiento de los derechos de propiedad indígena comerciales por el alto tribunal (Timebase, 8 de agosto de 2013). También abre “una excelente oportunidad para promover el debate acerca de la integración del derecho del mar, la gobernancia indígena y el derecho comercial no solo en los estrechos, sino en toda Australia” (Butterly, ILB, 2013).
