Compartir
Martes, Enero 27, 2015
Compartir

Naturaleza del caso

Este caso es una evaluación de seguimiento de la decisión Auto 092 de 2008 de la Corte de Procedimientos Especiales, la cual declaró que los derechos de las mujeres desplazadas en el conflicto armado estaban siendo violados sistemáticamente y, posteriormente, ordenó la adopción de medidas específicas para avanzar en la protección de los derechos fundamentales de las mujeres. El propósito de este seguimiento fue que la Corte evaluara el nivel de cumplimiento de la sentencia T-025, en particular las medidas adoptadas por la Corte en el Auto 092 de 2008. En este seguimiento, siete años después de la sentencia inicial, la Corte concluyó que las medidas ordenadas en el Auto 092 seguían sin aplicarse y que los derechos fundamentales de las mujeres continuaban siendo vulnerados de forma grave y sistémica.

Aplicación de la decisión y resultados

El 18 de diciembre de 2017, la Corte emitió otro informe de seguimiento, el Auto 737(link is external), centrado en las problemáticas de las mujeres desplazadas abordadas en los Autos 092, 098 y 009, que persisten en el contexto del posconflicto colombiano. La Corte calificó la respuesta del Gobierno Nacional como “baja” en el seguimiento al Auto 009, al no encontrar información contundente ni pruebas de que se estuviera ejecutando un plan de acción para la protección de testigos víctimas de violencia sexual, ni evidencia de programas de capacitación para el personal judicial y de fiscalías en materia de discriminación de género. Si bien la Corte constató un cumplimiento total y parcial por parte de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto Armado y el Centro Nacional de Memoria Histórica en cuanto a los proyectos de reparación simbólica y centralización de datos, esto no alcanzaba para cumplir el mandato que había impuesto al gobierno. Por lo tanto, la Corte estableció medidas adicionales, que debían cumplirse en un plazo de dos a seis meses, para proporcionar información adicional sobre: el número de mujeres en el Registro de Desplazados, el estado de los casos contra los autores de violencia sexual, la situación de los casos disciplinarios contra los autores dentro de las fuerzas armadas y la información sobre cómo el gobierno planeaba incorporar adecuadamente las presunciones constitucionales e implementar programas de capacitación para el personal judicial, las fuerzas armadas y el personal de fiscalías.

Relevancia del caso

Este caso puso de relieve la naturaleza estructural de la discriminación de género en Colombia, demostrando cómo se manifiesta incluso en instituciones creadas para ayudar a las mujeres, como el trato degradante de una fiscalía a las mujeres que intentan denunciar a sus agresores. También puso de relieve el uso sistémico de la violencia sexual como mecanismo de control y coacción de las mujeres, sus familias y comunidades. Del mismo modo, añadió una importante perspectiva de interseccionalidad a la difícil situación de las mujeres desplazadas -centrándose en el impacto desproporcionado sobre las mujeres indígenas y afrocolombianas-, así como a la discriminación dentro de la población de mujeres desplazadas de la comunidad LGBTQI.