Gobierno de la República de Namibia c. L.M. y otros, [2014] NASC 19
En 2008, tres mujeres de Namibia, con el apoyo de Namibian Women's Health Network (NWHN) y Southern Africa Litigation Centre (SALC), demandaron al gobierno de ese país denunciando que habían sido sometidas a la esterilización forzada inmediatamente después de dar a luz por cesárea. Las mujeres presentaron acusaciones de violación de la constitución, falta de consentimiento informado y discriminación basada en el hecho de que eran VIH positivas. El Alto Tribunal falló a favor de ellas en 2012 y ordenó el pago de una indemnización. El gobierno de Namibia apeló la decisión ante la Corte Suprema, la cual confirmó el fallo del Alto Tribunal el 2 de noviembre de 2014. El tribunal concluyó que las mujeres no habían dado su consentimiento informado para la esterilización porque estaban sufriendo los dolores del parto y no podían juzgar adecuadamente sus opciones, pero que no habían demostrado que la decisión de esterilizarlas tuviera relación alguna con el hecho de que estaban infectadas con el VIH.
Tres mujeres de ese país infectadas con el VIH demandaron al gobierno, denunciando que habían sido esterilizadas en hospitales públicos sin su consentimiento tras dar a luz por cesárea. Las mujeres argumentaron que cualquier supuesto consentimiento para los procedimientos había sido obtenido por la fuerza, dado que fueron engañadas sobre el formulario de autorización que firmaron, no entendían el idioma en el que se explicó el procedimiento y los médicos les habían dicho que solo podían acceder a la cesárea si también eran esterilizadas. Las mujeres presentaron la demanda por perjuicio negligente bajo responsabilidad extracontractual, argumentaron que habían sido discriminadas ilegalmente debido a su infección con VIH y sostuvieron que se habían violado ciertas disposiciones constitucionales, incluyendo el artículo 6 (derecho a la vida), artículo 7 (derecho a la libertad), artículo 8 (derecho a la dignidad humana) y artículo 14 (derecho a fundar una familia).
El Alto Tribunal de Namibia dictó sentencia a favor de las demandantes en julio de 2012, concluyendo que no habían dado su consentimiento informado. Sin embargo, también sostuvo que no habían probado suficientemente que las esterilizaciones hubieran sido efectuadas debido al hecho de que eran VIH positivas. El gobierno de Namibia apeló la decisión ante la Corte Suprema, la cual confirmó el fallo del Alto Tribunal.
Al principio, la Corte Suprema afirmó enfáticamente que las mujeres no habían probado que hubieran sido esterilizadas debido a ser VIH positivas. Sin embargo, tras examinar el testimonio de las tres mujeres, de un ginecólogo que prestó testimonio en su nombre y de personal médico que intervino como testigo del gobierno, la Corte determinó que las demandantes habían demostrado que no habían dado su consentimiento adecuado al procedimiento de esterilización. La Corte distinguió entre el consentimiento escrito, que las mujeres sí habían dado, y el consentimiento informado, el cual, según la Corte, debía ser otorgado libremente tras haber comprendido y sopesado las opciones disponibles. La Corte destacó que la falta de registros hospitalarios adecuados para confirmar cómo se llevaron a cabo ciertos procedimientos impedía que el gobierno demostrara su posición. Los registros disponibles no probaban que el personal hospitalario haya asegurado que las mujeres entendían sus opciones, que recibieran la información en su lengua materna y que tuvieran la oportunidad de sopesar las opciones con la tranquilidad necesaria. En cambio, la Corte concluyó que debido a la falta de intérpretes, el uso de siglas médicas y los intensos dolores del parto no era posible que las mujeres entendieran las consecuencias del procedimiento y dieran su consentimiento libremente.
La Corte concluyó que las mujeres tenían derecho a cobrar una indemnización por daños y perjuicios, y devolvió la causa al Alto Tribunal para que determine el monto de dicha indemnización.
Namibian Women's Health Network (NWHN) y Southern Africa Litigation Centre (SALC)
La esterilización forzosa es un hecho desafortunadamente común en los países africanos, incluso en Namibia. Aunque la Corte opinó que en este caso las mujeres no habían presentado suficientes pruebas de discriminación por VIH, no descartó la posibilidad de que se concluyera que hubo discriminación sobre la base de pruebas futuras. Las organizaciones de derechos humanos ven este caso como un primer paso hacia el reconocimiento y la protección de los derechos de las mujeres VIH positivas de África. Asimismo, la Corte rechazó específicamente el paternalismo médico, considerándolo una actitud perjudicial para los pacientes y, en particular, para las mujeres de este caso.
