Naturaleza del caso
En 2008, tres mujeres de Namibia, con el apoyo de Namibian Women's Health Network (NWHN) y Southern Africa Litigation Centre (SALC), demandaron al gobierno de ese país denunciando que habían sido sometidas a la esterilización forzada inmediatamente después de dar a luz por cesárea. Las mujeres presentaron acusaciones de violación de la constitución, falta de consentimiento informado y discriminación basada en el hecho de que eran VIH positivas. El Alto Tribunal falló a favor de ellas en 2012 y ordenó el pago de una indemnización. El gobierno de Namibia apeló la decisión ante la Corte Suprema, la cual confirmó el fallo del Alto Tribunal el 2 de noviembre de 2014. El tribunal concluyó que las mujeres no habían dado su consentimiento informado para la esterilización porque estaban sufriendo los dolores del parto y no podían juzgar adecuadamente sus opciones, pero que no habían demostrado que la decisión de esterilizarlas tuviera relación alguna con el hecho de que estaban infectadas con el VIH.