Recurso ante la Corte Suprema que sostuvo que los beneficiarios del programa federal “Aid to Families with Dependent Children” y del programa del estado de Nueva York “Home Relief” tenían derecho al debido proceso ante la finalización de su derecho a dichos programas conforme a la 14ª enmienda de la Constitución de los EEUU.
Los demandantes, beneficiarios del programa federal “Aid to Families with Dependent Children” y del programa del estado de Nueva York “Home Relief”, adujeron que los funcionarios de Nueva York finalizaban o estaban a punto de finalizar sus beneficios bajo los programas sin preaviso o audiencia. Cuando se presentó la demanda, no existían reglas que exigieran notificar a los beneficiarios o citarlos a una audiencia antes de que pierdan sus beneficios. Antes de esta apelación, el estado y la ciudad de Nueva York adoptaron procedimientos de preaviso y audiencia. Los demandantes plantearon que los nuevos procedimientos no eran adecuados.
En este caso, la Corte Suprema, enfatizando que los beneficios son un derecho previsto por la ley y no solo un “privilegio”, concluyó que los beneficiarios de la asistencia social tienen derecho al debido proceso cuando es inminente la finalización de sus beneficios. Según la Corte, el interés del beneficiario en recibir la asistencia sin interrupciones, siendo que tal asistencia consiste en alimentos esenciales, vestimenta, vivienda y asistencia médica, junto con el interés del estado en proveer los servicios a quienes los necesitan, tienen claramente más peso que el interés opuesto del estado de minimizar los costos y la carga administrativa. La Corte sostuvo que el debido proceso, en este contexto, incluye una audiencia de prueba previa a la finalización de los beneficios, la notificación especialmente oportuna y adecuada de la fecha de finalización, así como sus razones, una oportunidad para presentar los argumentos propios y confrontar a testigos adversos presentando pruebas oralmente ante una instancia de decisión imparcial. También aclaró que la “imparcialidad” no necesariamente significaba que dicha instancia no conociera o no tuviera relación alguna con el beneficiario, sino que no hubiera tomado la decisión sometida a revisión. Según la Corte Suprema, no era necesario que se proporcionara asistencia legal para el beneficiario, pero este último estaba autorizado a obtener asistencia legal según su propio criterio.
La Corte concluyó que los nuevos procedimientos de Nueva York para las audiencias no eran constitucionales en la medida en que no permitían que los beneficiarios se presentaran personalmente, sin o con abogado, presentaran pruebas oralmente o confrontaran a testigos adversos.
Tras la sentencia, la ciudad de Nueva York no cuestionó los requerimientos y realizó cambios, pero, según un observador, el gobierno de la ciudad nunca implementó la sentencia plenamente (Felicia Kornbluh, The Battle for Welfare Rights, 2007, p. 176). Sin embargo, en 1990 se informó que el sistema de asistencia social del estado de Nueva York llevaba a cabo 800 audiencias por día laboral debido al caso Goldberg c. Kelly. Un Comisionado de Servicios Sociales de Nueva York afirmó que “tal vez la prueba más contundente de la saturación institucional de los principios de Goldberg sea que sus protecciones, que alguna vez fueron consideradas radicales, ahora se dan por sentado”. En términos más generales, la sentencia del caso Goldberg tuvo un impacto muy importante y generó una serie de sentencias de tribunales inferiores que aplicaron a los actores muchos de los principios protectores del debido proceso otorgados en Goldberg a los beneficiarios de asistencia pública.
Goldberg c. Kelly se considera un hito para los derechos procesales de los beneficiarios de asistencia económica. La sentencia ha sido elogiada por haber “lanzado ‘la revolución del proceso debido’, en la que se aplicaron estándares de justicia a la infinidad de beneficios y reglamentos que fluyen desde el gobierno” (Tony Mauro, Illustrated Great Decisions of the Supreme Court, 2006, p. 35). Aunque no fue planteado en términos de los DESC, el caso es un ejemplo de protección indirecta de tales derechos por medio de los derechos procesales a una audiencia justa, en el que el derecho a los derechos procesales surge del reconocimiento de la profunda necesidad o el “interés” que posee el receptor de asistencia económica respecto de la continuidad de tal asistencia.
Como se indicó anteriormente, la sentencia Goldberg generó varias decisiones que ampliaron las protecciones del proceso debido Goldberg. Sin embargo, casos y tendencias doctrinarias posteriores limitaron el posible alcance y los efectos del caso Goldberg respecto del avance de los derechos a la asistencia social.
(Actualizado en junio de 2015)
Las organizaciones Center on Social Welfare Policy and Law (ahora llamado National Center for Law and Economic Justice) y Mobilization for Youth (MFY) Legal Services iniciaron el caso. National Institute for Education in Law and Poverty presentó un escrito de amicus curiae.
