Apelación ante la Corte Constitucional contra una orden del Alto Tribunal de North West, Mahikeng, en la que se negaba una solicitud de prohibir presentada por ocupantes que buscaban prohibir la interferencia ilegal con la posesión pacífica de sus hogares.
Los apelantes ocupan edificios en muy mal estado ubicados sobre tierras que pertenecen a la municipalidad local de Rustenburg. Desde 2004 la municipalidad tiene planes para desarrollar las tierras. La municipalidad se reunió con los residentes varias veces para discutir el plan de desarrollo y para obtener su consentimiento, pero no logró tal consenso. Los residentes se negaron a abandonar sus hogares y a aceptar viviendas alternativas.
El 19 de abril de 2009, un contratista, contratado por la municipalidad, comenzó a trabajar en el terreno preparando el desarrollo de la propiedad y haciendo excavaciones junto a una pared de la casa del primer solicitante, lo que dejó expuestos los cimientos de la casa. El contratista continuó excavando, por lo que los residentes solicitaron una orden de prohibición ante el Alto Tribunal para impedir que el contratista y la municipalidad disturbaran o interfirieran en la posesión de los residentes de sus hogares. La municipalidad respondió solicitando una orden para restringir a los residentes de obstruir el trabajo del contratista. El Alto Tribunal rechazó la solicitud de los residentes argumentando que no se los estaba echando de sus hogares y no se estaba perturbando su privacidad.
En el procedimiento de apelación, la Corte Constitucional concluyó que el artículo 26(3) (que dispone que “ninguna persona podrá ser desalojada de su hogar, ni se podrá demoler su hogar, sin una orden judicial otorgada tras considerar todas las circunstancias relevantes”) no se limita a la expulsión del hogar. También, necesariamente, garantiza a los ocupantes la ocupación pacífica y sin disturbios de sus hogares hasta que una orden judicial autorice la interferencia. La Corte sostuvo que la municipalidad no había obtenido tal orden antes de comenzar las excavaciones y que tales excavaciones claramente interferían con la posesión sin disturbios de los residentes de sus hogares. Por lo tanto, la municipalidad no podía llevar a cabo trabajos sin obtener primero el consentimiento escrito de los solicitantes o una orden judicial.
La Corte Constitucional dejó de lado la orden del Alto Tribunal North West, Mahikeng, otorgó la orden de prohibición solicitada por el residente y ordenó a la municipalidad pagar los costes del solicitante.
Este caso es importante porque aclara y amplía la interpretación del artículo 26(3) de la Constitución de Sudáfrica. Como se vio anteriormente, la Corte sostuvo que dicho artículo requiere de un proceso debido adecuado no solo en casos de expulsión física del hogar, sino, también, cuando existe una interferencia con el derecho de un residente a la posesión pacífica y sin disturbios de su hogar.
(Actualizado en julio de 2015)
Legal Resources Centre, Lawyers for Human Rights
