Summary
Esta orden otorgó efectivamente a la Sra. Maphumulo la legitimación legal para defender sus derechos de propiedad para reclamar el hogar donde había vivido 25 años.
La orden del caso Ramuhovhi quedó suspendida por un periodo de 24 meses para darle al Parlamento una oportunidad para subsanar el defecto contenido en el artículo 7(1) de la Ley de Reconocimiento de Matrimonios Consuetudinarios. La Corte también aseguró que durante ese periodo de suspensión los cónyuges de matrimonios consuetudinarios polígamos tuvieran la siguiente protección:
5 (a) Las esposas y los maridos tendrán la propiedad conjunta e igualitaria y otros derechos a la propiedad marital, así como derechos conjuntos e igualitarios de gestión y control sobre dicha propiedad, y tales derechos se ejercerán de la siguiente manera:
(i) respecto de la propiedad de la vivienda, por el marido y la esposa de la vivienda afectada, en forma conjunta y de acuerdo con los intereses de la unidad familiar constituida por la vivienda correspondiente; y
(ii) respecto de todos los bienes de la familia, por el marido y todas las esposas, en forma conjunta y de acuerdo con los intereses de toda la familia constituida por las diversas viviendas.
5 (b) Cada cónyuge retiene los derechos exclusivos a sus bienes personales.
En octubre de 2019, seis semanas antes de que finalizara el plazo de 24 meses, el Ministro de Justicia y Desarrollo Correccional solicitó ante la Corte Constitucional una prolongación. Los demandados no se opusieron a esta solicitud, pero esta fue rechazada, dado que la Corte sostuvo que la orden judicial del caso Ramuhovhi disponía que si el defecto no era subsanado dentro de los 24 meses asignados la protección otorgada en los apartados 5(a) y 5(b) de la orden debía continuar protegiendo a los cónyuges de matrimonios consuetudinarios polígamos.
El 2 de septiembre de 2019, el Parlamento promulgó la Enmienda al Reconocimiento de los Matrimonios Consuetudinarios [12-2019]. A la fecha de este resumen, el proyecto de ley estaba siendo considerado por el Consejo Nacional de las Provincias. El objetivo de la Enmienda es dar efecto a las sentencias de la Corte Constitucional de los casos Gumede y Ramuhovhi.