Este caso se refiere a una apelación ante la Corte Suprema de un empleado gubernamental que fuera objeto en 2007 de una suspensión de varios años y retiro obligatorio sobre la base de su supuesta “demencia”. La Corte sostuvo que el gobierno violaba la Ley de Personas con Discapacidades de 1995 al suspender y, posteriormente, obligar al Sr. Mahajan a retirarse.
Anil Kumar Mahajan se unió al Servicio Administrativo de la India (IAS) en 1977, iniciando una carrera en la que fue sujeto a numerosas suspensiones y, en última instancia, fue obligado a retirarse en relación con una discapacidad relacionada con la salud mental. Fue suspendido del 17 al 24 de febrero de 1988. Por segunda vez, desde el 24 de febrero de 1988 hasta el 24 de febrero de 1990. El 20 de mayo de 1993 fue sometido a una tercera suspensión, sujeta a investigaciones oficiales, y luego debió comparecer frente a un consejo médico. Los cargos en su contra incluían que “se había vuelto víctima de una enfermedad mental desequilibrada” y que era “inestable y estaba enfermo mentalmente”. Después de muchos años de suspensiones y procedimientos administrativos, el Sr. Mahajan buscó el retiro voluntario el 25 de febrero de 2000. Su solicitud fue rechazada el 29 de abril de 2002 debido a que no cumplía con los requisitos para el retiro voluntario porque no había prestado el mínimo de 20 años de servicio. El 4 de diciembre de 2004, después de 11 años en los que estuvo pendiente la investigación, un funcionario presentó un informe de parte contra Mahajan, concluyendo que estaba “completamente demente”. El 15 de octubre de 2007, mientras todavía estaban pendiente otros procedimientos relacionados con su caso, el Sr. Mahajan fue obligado a retirarse del servicio.
Al revisar toda la historia del caso, la Corte Suprema destacó las partes pertinentes de la Ley de Personas con Discapacidades (igualdad de oportunidades, protección de derechos y plena participación) de 1995, la cual incluye una prohibición de prescindir o reducir el rango de “un empleado que adquiere una discapacidad durante su servicio”.
La Corte sostuvo que Mahajan había sido designado funcionario del IAS en 1977 y había trabajado durante 30 años hasta su retiro obligatorio en 2007. Concluyó que Mahajan no padecía una discapacidad mental cuando fue designado funcionario, por lo que se podía presumir que, incluso si la hubiera desarrollado después de ingresar al IAS, estaba protegido bajo la Ley de Personas con Discapacidades contra el despido o la reducción de rango. En virtud de la Ley, si Mahajan ya no estaba en condiciones de asumir las responsabilidades de su cargo como consecuencia de una enfermedad mental, la Corte sostuvo que se le debía trasladar a un puesto diferente con el mismo sueldo y beneficios, o, en caso de que no existiera tal puesto apropiado, se le debía mantener en un puesto supernumerario hasta que alcanzara la edad de jubilación. La Corte concluyó que los demandados no tenían la opción de despedir o imponerle el retiro obligatorio al Mahajan.
La Corte declaró que el Sr. Mahajan hubiera alcanzado la pensión de jubilación el 31 de julio de 2012; dejó de lado la orden de retiro obligatorio de 2007, así como una orden del Tribunal Administrativo Central de 2008 y la orden del Alto Tribunal de 2010. La Corte ordenó a los demandados tratar al Sr. Mahajan como si hubiera continuado en el servicio hasta la fecha en la que hubiera alcanzado la pensión de jubilación, incluyendo pagar su salario completo de cuando fue suspendido hasta su retiro obligatorio (menos la asignación de subsistencia que se le había otorgado) y su salario completo desde su retiro obligatorio hasta la fecha de su paso a jubilación. La Corte ordenó el pago de los beneficios completos de jubilación sobre la base del periodo completo de servicio del Sr. Mahajan conforme a su decisión, instruyendo a los demandados para que efectúen los pagos a favor de Mahajan en forma completa dentro de los 3 meses posteriores a la decisión o con un interés del 6%.
La discriminación contra personas con discapacidades es generalizada en India. La Ley de Personas con Discapacidades de 1995 dispone importantes protecciones para las personas con discapacidades y este caso sienta un precedente esencial para el cumplimiento de la Ley.
Agradecemos especialmente el aporte del miembro de la Red-DESC:Program on Human Rights and the Global Economy (PHRGE) at Northeastern University.
