Este caso explora las responsabilidades de los Estados de proteger activamente a grupos de mayor riesgo, en particular mujeres, niños y niñas, de los peligros que conllevan las condiciones de trabajo inseguras, insalubres y especialmente peligrosas. No basta con solo promulgar legislación que exija su protección. El Estado debe desempeñar un papel activo en el cumplimiento y la supervisión de la aplicación de la legislación de protección.
El Estado ya publicó el resumen de la sentencia en sus medios oficiales. Sigue pendiente el pago de la compensación, así como las garantías de no repetición. A la fecha de este resumen no ha habido novedades en los procedimientos judiciales pendientes, pero el procedimiento penal está en riesgo de extenderse más allá de la fecha de prescripción, lo que significaría que ninguno de los perpetradores (miembros de una familia rica y poderosa de la comunidad) debería asumir responsabilidad alguna.
Este caso es muy importante porque reconoce la particular discriminación interseccional que sufren las mujeres, niños y niñas negros y empobrecidos, y exige que el Estado asuma un papel activo en la protección de dichas comunidades. La omisión de proporcionar condiciones de trabajo equitativas, seguras y saludables (usualmente cuestiones examinadas por tribunales estatales y municipales) constituye una violación de los derechos humanos que merece la atención de la comunidad internacional. Asimismo, este caso enfatiza que los países pueden ser obligados a asumir su responsabilidad por su omisión de proteger.