Aplicación de la decisión y resultados
El gobierno liberal mayoritario que estaba en el poder cuando se dio a conocer la decisión en este caso se había comprometido a revisar las restricciones impuestas a las actividades de beneficencia que habían sido utilizadas para suprimir la libertad de expresión por el gobierno anterior. Sin embargo, el gobierno liberal anunció que tenía la intención de apelar la decisión del Tribunal Superior en este caso. Propuso enmendar la ITA para eliminar las restricciones estatutarias que se han considerado inconstitucionales, pero que permitiría a la CRA seguir aplicando las restricciones del derecho consuetudinario a la promoción de políticas públicas. Sin embargo, tras una importante presión pública, el gobierno retiró su apelación, permitiendo que la decisión del Tribunal Superior se mantuviera. También acordó retirar las enmiendas propuestas anteriormente a la ITA, presentando nuevas enmiendas a la ITA, que ahora establece explícitamente que el término “actividades de beneficencia incluye el diálogo sobre políticas públicas y las actividades de desarrollo llevadas a cabo para promover un fin benéfico”.
