Summary
Miembros de la Comunidad de La Oroya demandaron a Perú por violaciones del derecho a un medio ambiente sano y otras violaciones de derechos humanos provocadas por casi un siglo de contaminación del Complejo Metalúrgico de La Oroya ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Los residentes de La Oroya, una de las ciudades más contaminadas del mundo, sufrieron lesiones por la contaminación del aire, el suelo y el agua, incluyendo envenenamiento por plomo y arsénico y otras sustancias tóxicas que causaron enfermedades físicas y mentales y, en los casos de un niño y un adulto, la muerte. Las personas que defendieron los derechos humanos medioambientales de La Oroya también recibieron amenazas y hostigamiento en respuesta a su activismo.
La corte concluyó que Perú era responsable de amplias violaciones de los derechos humanos y le ordenó proporcionar asistencia médica especializada a las víctimas, pagar indemnizaciones tanto por las pérdidas materiales como por el dolor y el sufrimiento, y reconocer públicamente sus violaciones. Esta sentencia también puso de relieve la forma desproporcionada con que las partes vulnerables se ven afectadas por la contaminación, al asignar mayores sumas en concepto de daños y perjuicios a los niños, las personas con discapacidad, las mujeres y los ancianos. La corte ordenó que cada víctima recibiera entre 30.000 y 65.000 dólares, dependiendo de su situación, lo que supone una indemnización por gastos sanitarios, lucro cesante y dolor y sufrimiento.
La corte también ordenó a Perú que reforzara y aplicara estrictamente las normas medioambientales, rehabilitara los ecosistemas dañados, vigilara la calidad del aire, el agua y el suelo, y garantizara que quienes contaminen paguen por los daños medioambientales que causen. Por último, ordenó a Perú que investigara y procesara a los responsables de los graves daños ambientales, así como a los responsables de las amenazas contra las personas que defienden los derechos humanos ambientales en La Oroya, amenazas que, según la corte, impidieron el acceso procesal de la Comunidad a la justicia.
La corte citó su opinión consultiva de 2017 sobre los derechos humanos ambientales, que destacaba las obligaciones de los Estados de proteger y garantizar los derechos a la vida y a la integridad personal consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La opinión, que pretendía servir de guía para que los Estados actuaran de forma preventiva, se emitió en respuesta a una petición del gobierno de Colombia y subraya la conexión entre los efectos adversos del cambio climático y los derechos humanos. La opinión cita tanto los derechos sustantivos a la alimentación, el agua, la salud y la vida, como los derechos procesales de expresión y a participar en la toma de decisiones, entre otros. Esta opinión creó la obligación de los Estados de tener en cuenta cómo la degradación medioambiental puede afectar de forma diferenciada a diversas comunidades, como los indígenas, los niños, los que viven en la pobreza y los discapacitados.
