Held c. Estado de Montana, 560 P.3d 1235 (Mt. 2024)

Naturaleza del caso

Dieciséis jóvenes de todo el Estado de Montana, de entre 2 y 18 años de edad, demandaron al Estado, su gobernador y múltiples organismos estatales, alegando que una enmienda de la Ley de Política Ambiental de Montana (Montana Environmental Policy Act, MEPA) que limitaba la revisión de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) era inconstitucional. Tras el primer juicio constitucional sobre el clima en la historia de los Estados Unidos, la Corte Suprema de Montana confirmó íntegramente una orden del Tribunal de Distrito que sostenía que (1) la Constitución de Montana incluye un sistema climático estable en su derecho a un medio ambiente limpio y saludable; (2) los demandantes poseían “legitimación de caso o controversia” para presentar una demanda justiciable; y (3) la Limitación de la MEPA y la Prohibición Judicial eran inconstitucionales porque no se ajustaban estrictamente al supuesto interés de Montana de equilibrar los derechos de propiedad y el derecho a un medio ambiente limpio.

Aplicación de la decisión y resultados

Esta decisión suscitó una fuerte oposición por parte de los políticos de Montana, principalmente los del Partido Republicano. Funcionarios legislativos de Montana advirtieron a los jueces que “se abrocharan el cinturón” tras conocerse la decisión, expresando que la reforma del poder judicial era una “prioridad máxima” para los legisladores republicanos. El fiscal general de Montana , Austin Knudsen, calificó la decisión de decepcionante y dijo que los jueces “fallaron a favor de sus aliados ideológicos e ignoraron el hecho de que Montana no tiene poder para influir en el clima”. Sin embargo, los tribunales de Montana tienen un historial reciente de anulación de leyes aprobadas por la legislatura de Montana por motivos constitucionales, que van desde la protección del medio ambiente hasta el acceso al aborto.

Aun así, los organismos de Montana actualmente tienen prohibido actuar de acuerdo con la Limitación de la MEPA y la Prohibición Judicial, y como este caso se basaba en la Constitución de Montana, no se puede recurrir ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. El poder legislativo de Montana puede responder revisando los requisitos de procedimiento para evaluar las emisiones de GEI o asignando más fondos al Departamento de Calidad Ambiental para facilitar dichas evaluaciones. Además, las empresas que extraen o utilizan combustibles fósiles ahora deben tener en cuenta el impacto de las emisiones de GEI antes de solicitar la aprobación de cualquier otro proyecto.

Sin embargo, en el caso Montana Environmental Information Center c. Montana Department of Environmental Quality, el primer caso sobre protección ambiental decidido por la Corte Suprema de Montana después del caso Held, la Corte se negó a continuar ampliando la decisión de Held. La Corte sostuvo que Montana no está obligada a analizar cada posible acción estatal en relación con las emisiones de GEI en cada acción estatal, aunque sí está obligada a analizar las emisiones de GEI cuando sean significativas.  De esta manera, consideró que el DEQ no había cumplido con la MEPA al emitir un permiso para una “central eléctrica alimentada con gas natural”, que tenía impactos demostrables sobre las emisiones de GEI y la iluminación en el Estado (aunque se negó a anular el permiso).

La Corte reafirmó repetidamente la sentencia Held y devolvió el caso al Departamento de Calidad Ambiental para que reconsiderara las emisiones de gases de efecto invernadero del proyecto, de modo que dicha información pudiera difundirse a toda la sociedad de Montana. El caso Held afirma que Montana ya no tiene “carta blanca para contaminar el medio ambiente de Montana solo porque el resto del mundo insiste en hacerlo”, y el caso del Centro de Información Medioambiental de Montana reafirma esa noción. El caso Held sigue protegiendo el medio ambiente en el futuro al impedir que el Estado emprenda arbitrariamente proyectos con graves efectos ambientales sin la debida consideración. También dejó claro que ya existe un nivel inconstitucional de contaminación por GEI en la atmósfera y que cada tonelada adicional de contaminación climática degrada aún más el medio ambiente y los recursos naturales constitucionalmente protegidos de Montana, y perjudica aún más a los jóvenes demandantes. Esto significa que Montana debe tomar medidas para reducir sus emisiones de GEI en el futuro.

Relevancia del caso

Montana es uno de los seis Estados Unidos -incluidos Hawái, Illinois, Pensilvania, Massachusetts y Nueva York- que protegen explícitamente el medio ambiente en su constitución estatal, aunque muchas más constituciones contienen protecciones para los recursos naturales. Aunque aún está por verse el efecto que tendrá Held c. Estado en el resto de Estados Unidos, sobre todo porque el Tribunal destacó que la Constitución de Montana ofrecía la mayor protección del medio ambiente de todo el país, la sentencia, incluidas las detalladas conclusiones sobre los hechos, se utilizará sin duda como antecedente de peso en otros casos relacionados con el clima.

Montana Environmental Information Center indica que la Corte Suprema de Montana tiene intención de darle libertad al Departamento de Calidad Medioambiental respecto de la forma en que revisa las emisiones de GEI en el futuro, siempre que su toma de decisiones no sea “arbitraria o caprichosa”. Pero esto no constituye una “carta blanca”, como dijo la Corte.  Exigir la revisión de las emisiones de GEI antes de la aprobación de proyectos ante el Departamento de Calidad Ambiental tendrá efectos demostrables en el medio ambiente de Montana específicamente y evitará que los funcionarios estatales ignoren sus obligaciones afirmativas emanadas de la Constitución de Montana. Además, las decisiones sustantivas de los organismos en materia de permisos deben ser coherentes con su obligación constitucional afirmativa de “mantener y mejorar” el medio ambiente y los recursos naturales de Montana.

Además, la ley de “legitimación de caso o controversia” de Estados Unidos supone otro obstáculo para la promulgación de demandas similares, aunque también en este caso Held sienta un importante precedente.  En los tribunales federales estadounidenses, como en los tribunales de Montana, se prohíbe a los defensores presentar “quejas generalizadas”, y deben alegar perjuicios concretos para tener legitimación activa.   En el caso Held, el tribunal de distrito consideró que los demandantes, en su calidad de niños y jóvenes, sufrían daños concretos en su salud física y mental, sus bienes, sus intereses financieros y patrimoniales, y sus prácticas y tradiciones tribales, suficientes para demostrar su legitimación.  El análisis de la legitimación de Held será persuasivo en otros casos en los que los demandantes tengan que demostrar su legitimación por daños causados por el clima y la contaminación atmosférica.  La Corte Suprema de los EE.UU. también ha reconocido la legitimación en el pasado para demandas similares que impugnaban normativas medioambientales adversas.  Véase, por ej., Duke Power Co. c. Carolina Environmental Study Group, Inc., 438 U.S. 59 (1978); Massachusetts c. Environmental Protection Agency, 549 U.S. 497 (2007).  El caso Held podrá inspirar a defensores a cuestionar futuras normativas que perjudiquen el medio ambiente.

Agradecemos especialmente las aportaciones del miembro de la Red-DESC: Program on Human Rights and the Global Economy (PHRGE) at Northeastern University.