Naturaleza del caso
La sentencia responsabiliza al Estado peruano de violar los derechos de las personas afectadas por décadas de contaminación tóxica del Complejo Metalúrgico de La Oroya, en particular el derecho a un medio ambiente sano y otros derechos conexos como a la vida y a la integridad reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La corte ordenó la adopción de reparaciones integrales que incluyen la remediación ambiental, la reducción y mitigación de las emisiones contaminantes, el monitoreo de la calidad del aire, la atención médica gratuita y especializada, indemnizaciones y un plan de reubicación para las personas afectadas.
