Colombia

Solapas principales

La Coordinadora de Andina de Organizaciones Indígenas, miembro del Grupo de Trabajo de los Movimientos Sociales, celebran la Posesión de Mando de su Nuevo Consejo Directivo.

La demandante interpuso una orden de interdicto o tutela dirigida a garantizar el derecho de una menor de 12 años a su salud mental, entre otros derechos. La menor quedó embarazada a principios de 2011 y empezó a presentar síntomas de ansiedad y depresión, según el diagnóstico de varios médicos que recomendaron la interrupción del embarazo.

La madre de una niña con discapacidad intelectual inició una acción de tutela luego de que su hija fuera diagnosticada con déficit cognitivo y microcefalia y no pudiera acceder al programa integral de terapias y educación especial encomendado, debido a la falta de recursos para cubrir dicho servicio.

La  acción fue impulsada por una persona sordomuda que había cursado el primer semestre en la Institución Normal Superior del Municipio de Montería para obtener el título de Normalista Superior pero que le fue imposible continuar después del primer año debido a la aplicación de la ley que condiciona la asignación de traductores a las instituciones educativas a la presencia de mínimo 10 estudiantes en situación de discapacidad auditiva (Decreto 366/2009, Artículo 9 par. 3).

Los demandantes interpusieron la acción de inconstitucionalidad porque consideraban que la Ley 115 de 1994 desobedecía los estándares del derecho internacional de los Derechos Humanos al contemplar la posibilidad de cobrar derechos académicos en la educación primaria (art. 183).

Los casos de Colombia, Sudán, Birmania, Filipinas y Angola

En septiembre de 2006, siete hombres encapuchados y armados secuestraron a la pareja de Rosmira Serrano Quintero y mataron a su padre, y posteriormente la amenazaron con matar también a ella y a sus hijas si no abandonaba la localidad de El Limoncito, donde vivía. La Sra. Serrano huyó y, en noviembre de 2006, solicitó inscribirse junto con sus hijas como personas desplazadas. La solicitud fue denegada por la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción Social) y la Sra.

La Red-DESC expresa su solidaridad con las poblaciones indígenas de Toribio y Jambalo en Cauca, Colombia. Estas son poblaciones pacifistas en la continua guerra en contra de las fuerzas guerrilleras. La Red-DESC le pide a las FARC-EP que no ataquen a estas poblaciones pacifistas y pide que el gobierno Colombiano cese las confrontaciones militares en las áreas urbanas de Toribio.  

Una de las funciones de la Corte Constitucional de Colombia es revisar las acciones de tutela. La Corte revisa todos los años una pequeña porción de las más de trescientas mil acciones de tutela resueltas por los tribunales inferiores; el 36% de dichas acciones se relacionan con el derecho a la salud, según datos proporcionados para 2005 por la Oficina de la Defensoría del Pueblo de Colombia. La sentencia T-760 de 2008 acumuló 22 acciones de tutela.