Este caso se refiere a los intentos de desalojo de los inquilinos de ciertos departamentos residenciales en Johannesburgo. Estos inquilinos habían vivido en estos departamentos bajo varios contratos, algunos de aquellos por cerca de veinte años. Estos contratos de alquiler contenían una provision permitiendo a ambas partes terminar el alquiler con cierto aviso previo. Tres años antes del intento de desalojo, el propietario informó a los inquilinos que debían pagar el doble o triple del precio previo o abandonar a sus casas.