Sudáfrica

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País: 
Sudáfrica
Grupo(s) de Trabajo / Área(s) de Trabajo: 
Litigio Estratégico
PF-PIDESC
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Sudáfrica
Grupo(s) de Trabajo / Área(s) de Trabajo: 
Política Económica
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Los demandantes eran residentes permanentes de Sudáfrica. Cuestionaron disposiciones legislativas que limitaban los beneficios sociales para ancianos a los ciudadanos sudafricanos e impedían que los hijos de ciudadanos extranjeros que se encontraran en la misma situación que los demandantes pudieran reclamar los beneficios de guardería disponibles para los niños sudafricanos (independientemente de la ciudadanía que tuvieran los niños).

400 personas que habían sido desalojadas de tierras municipales adyacentes se asentaron en la granja privada Modderklip en el año 2000. En abril de 2001, se emitió una orden de desalojo, pero los ocupantes no tenían dónde ir y no la cumplieron. La cantidad de ocupantes continuaba aumentando y el auxiliar de justicia exigía un depósito de 1,8 millones de rand, monto que superaba el valor de la propiedad, para llevar a cabo el desalojo.   El propietario intentó en vano conseguir ayuda del gobierno nacional.

La municipalidad de Port Elizabeth presentó una solicitud de desalojo en respuesta a una petición de un vecindario contra 68 adultos y niños que ocupaban viviendas precarias montadas en terrenos privados. Los ocupantes habían vivido en terrenos sin infraestructura durante dos a ocho años y estaban dispuestos a abandonar la propiedad con la condición de recibir un preaviso razonable y un terreno alternativo adecuado.

El gobierno sudafricano decidió establecer un campamento temporario en el terreno de la cárcel Leeuwkop (terrenos estatales) para las víctimas de inundaciones del township Alexandra. El plan era que los ocupantes se mudarían a viviendas permanentes cuando éstas estuvieran disponibles. Aparentemente, este plan fue concebido sin consultar a los residentes de la zona y una asociación de residentes, Kyalami Ridge Environmental Association (KREA), solicitó que el ministro competente suspendiera las actividades.

Una comunidad de ocupantes ilegales que había sido desalojada de un asentamiento informal de Wallacedene había construido viviendas precarias de plástico y otros materiales en un centro de deportes vecino al centro comunal de Wallacedene. No tenían ni servicios básicos ni electricidad. Iniciaron una acción legal conforme a los artículos 26 (derecho a una vivienda adecuada) y 28 (derecho del niño a una vivienda) de la Constitución de Sudáfrica demandando una respuesta de varios niveles gubernamentales.

Sudáfrica padece una epidemia de VIH/SIDA en la que más de 6 millones de personas están infectadas. En el año 2000, con 80.000 infecciones de recién nacidos por año, la droga anti-retroviral Nevirapin ofrecía la posibilidad de prevenir la infección de 30 a 40 mil niños al año. Aunque el gobierno la recibió gratis durante cinco años, anunció que introduciría el tratamiento contra la transmisión intrauterina únicamente en algunos lugares piloto y que postergaría el inicio del tratamiento durante un año, lo que equivalía a negarles el tratamiento a la mayoría de las madres.

El caso Bhe se refiere a tres causas relacionadas (Bhe, SAHRC y Shibi) para las que se dictó una sentencia común. En la primera causa, el padre de los demandantes, Nonkuleleko y Anelisa Bhe (de 9 y 2 años de edad), había fallecido y la madre (la tercera demandante) inició un juicio para asegurar que la propiedad del difunto pasara a sus hijas. Conforme al principio de primogenitura del derecho consuetudinario africano, así como al artículo 23 de la Black Administration Act, la vivienda debía pasar a manos del pariente varón de mayor edad del padre, en este caso, el abuelo.