Abordar la violencia y la represión implica enfrentar el uso sistemático de tácticas violentas y opresivas contra individuos y comunidades que defienden los derechos humanos. Este problema es crítico porque socava las libertades fundamentales, restringe el espacio cívico y crea un clima de miedo que frena el progreso social y la justicia. Las comunidades marginadas sufren impactos severos, como violencia dirigida, restricciones legales y políticas, explotación económica y falta de rendición de cuentas. Las personas defensoras de derechos humanos y líderes comunitarios son a menudo intimidadas, atacadas e incluso asesinadas. Los gobiernos imponen leyes restrictivas que limitan las libertades de expresión, reunión y asociación. Las estructuras de poder opresivas explotan recursos, provocando desplazamientos y despojo económico, mientras los perpetradores evaden la justicia, perpetuando un ciclo de violencia y represión.
Además, los gobiernos suelen difundir narrativas que retratan a las personas defensoras de derechos humanos como amenazas para la comunidad, lo que pone en mayor peligro a estas y estos activistas. Por ejemplo, en Filipinas, el gobierno del presidente Rodrigo Duterte etiquetó a las personas defensoras de derechos humanos como “terroristas”, lo que llevó a un aumento del acoso y la violencia contra ellas. Estas narrativas no solo justifican acciones represivas, sino que también generan hostilidad pública hacia quienes luchan por los derechos humanos, exacerbando su vulnerabilidad y el clima general de miedo.
Sin embargo, hay avances positivos en la lucha contra la violencia y la represión. Movimientos de base en Sudáfrica como Abahlali baseMjondolo resisten la violencia estatal y abogan por los derechos humanos. Organizaciones como Earthrights han logrado victorias legales, como el reciente caso histórico en el que las víctimas colombianas ganaron un veredicto contra Chiquita Brands International por financiar escuadrones de la muerte. Redes de protección comunitaria en América Latina, como IM-Defensoras/Casa Serena, proporcionan espacios seguros para activistas amenazados.
La Red-DESC enfrenta la violencia y la represión proporcionando solidaridad y apoyo a las personas defensoras de derechos humanos, abogando por protecciones legales y responsabilidad a nivel nacional e internacional, y ofreciendo capacitación y recursos para documentar abusos y realizar incidencia legal. A través de un análisis profundo de la Economía política de la violencia, exponemos las estructuras de poder económico y político que perpetúan la violencia para mantener el control y explotar a las personas y los recursos. La Red fortalece la acción colectiva uniendo diversos movimientos sociales y amplificando las voces marginadas y oprimidas. Con estos esfuerzos, trabajamos para desmantelar las estructuras de violencia y represión, abogando por un mundo donde se respeten la justicia y los derechos humanos, y donde las comunidades y el planeta puedan prosperar.
