Audiencia regional en la CIDH sobre asentamientos precarios en Latinoamérica y Caribe
Fecha de Publicación:
Miércoles, 1 Abril 2015
En América Latina, una de cada cinco personas vive en un asentamiento urbano precario donde sus derechos son vulnerados a diario. Por eso, 27 organizaciones y redes con sede en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Guatemala, México, Perú y Uruguay que trabajan en materia de vivienda, tierra, hábitat y derechos humanos, celebran tener la oportunidad de exponer esta realidad por primera vez ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Un delegado del barrio Rodrigo Bueno, de la Ciudad de Buenos Aires, explicó también las problemáticas que viven sus habitantes.
Esta audiencia regional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de los habitantes de asentamientos precarios se realizó en el marco del 154° periodo de sesiones de la CIDH, el viernes 20 de marzo a las 17.45 hs (Hora de Washington DC) en el Salón Rubén Darío. Para contextualizarla, es preciso atender algunas consideraciones. Un informe sobre la sesión está disponible aquí.
Esta región es una de las más urbanizadas del planeta. Las migraciones internas masivas y otros fenómenos sociales desbordaron la capacidad de los Estados para asegurar un hábitat digno, que incluya vivienda, condiciones ambientales seguras, infraestructuras y servicios básicos, escuelas y centros de salud, entre otros elementos.
Muchas personas tuvieron que buscar un espacio para vivir en la periferia de las ciudades, donde había suelo barato o vacante, sin servicios y en zonas de riesgo ambiental por contaminación del suelo o del aire, posibles derrumbes, inundaciones o por su cercanía con basurales abiertos. Además, en algunos casos, ocuparon tierras, exponiéndose al desalojo y a la persecución legal.
En estos barrios, las estructuras suelen ser construidas con materiales inapropiados y los habitantes no tienen acceso a servicios básicos, como agua corriente o saneamiento. También hay problemas como el hacinamiento. En una palabra: las condiciones de vida en los asentamientos precarios llevan consigo una serie de violaciones a los derechos humanos en general y a los derechos económicos, sociales y culturales en particular.
A pesar de que, según algunas estimaciones, los países latinoamericanos han invertido entre el 2% y el 8% de su Producto Interno Bruto (PIB) en programas de vivienda para los sectores más pobres, sigue aumentando el déficit habitacional cuantitativo. Es decir, la demanda supera ampliamente la construcción de nuevas viviendas.
Además, un gran número de viviendas sociales se construyeron con la intermediación del sector privado, lo que implicó importantes alteraciones en los planes urbanos vigentes. Lejos de contribuir al desarrollo integral de las ciudades y de sus habitantes, esta situación promovió un modelo de fragmentación física y social donde los grandes beneficiarios son los constructores y los agentes inmobiliarios y no la población, que recibe viviendas inadecuadas en tamaño, ubicación, servicios y articulación con la trama urbanizada.
Algunas soluciones a esta problemática dependen del Estado, sus políticas públicas de vivienda y de protección social, empleo y desarrollo, y su intervención en el mercado inmobiliario. Otras fueron planteadas y puestas en práctica por los mismos habitantes urbanos sin que hasta el momento se encuentren lo suficientemente reconocidas y respaldadas.
En América Latina, una de cada cinco personas vive en un asentamiento urbano precario donde sus derechos son vulnerados a diario. Por eso, 27 organizaciones y redes con sede en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Guatemala, México, Perú y Uruguay que trabajan en materia de vivienda, tierra, hábitat y derechos humanos, celebran tener la oportunidad de exponer esta realidad por primera vez ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Un delegado del barrio Rodrigo Bueno, de la Ciudad de Buenos Aires, explicó también las problemáticas que viven sus habitantes.