Modo de vida adecuado

Solapas principales

Miembros de las comunidades indígenas agrupadas en la asociación Lhaka Honhat demandaron a Argentina en nombre de 132 comunidades indígenas pertenecientes a los pueblos wichí (mataco), iyjwaja (chorote), komlek (toba), niwackle (chulupí) y tapy'y (tapiete) que viven en lotes con los registros catastrales 175 y 5557, en la provincia de Salta (previamente conocidos y referidos en el caso como los lotes 14 y 55).

El demandante presentó una acción de tutela contra las Empresas Públicas de Cartagena alegando que pusieron en funcionamiento un sistema de alcantarillado inconcluso, produciendo el desbordamiento de aguas negras y condiciones insalubres en dos vecindarios. La denuncia alegaba una violación del artículo 88 de la Constitución Colombiana que protege el derecho a la salud pública y solicitó medidas cautelares para evitar daños irreparables, según lo establecido en el artículo 5 del Decreto 2591.

Este caso de tutela se refiere al requisito de que el Estado brindase servicios de salud a un grupo de niños que vivían en una zona empobrecida de Bogotá. Cuatrocientas dieciocho familias interpusieron esta acción contra el Ministerio de Salud y la Secretaría Distrital de Salud para pedir vacunas gratuitas contra dos cepas de meningitis bacteriana. Los demandantes argumentaron su caso en virtud del artículo 44 de la Constitución colombiana, que garantiza ciertas libertades y protecciones a los niños, y en virtud de varios tratados a los que se suscribió Colombia.

El autor en este caso es un hombre cuyos beneficios por desempleo fueron reducidos, en primer lugar, un 30% y, luego, un 60%, cuando rechazó a un empleador que le habían propuesto y no aceptó una capacitación y un puesto de prueba en otra función. El hombre objetó sin éxito las reducciones y presentó una demanda ante el Tribunal Social. Antes de emitir una decisión, el Tribunal Social suspendió el procedimiento para obtener la revisión judicial de la Corte Constitucional Federal (FCC) respecto de si el sistema de sanciones en cuestión cumple con la Ley Fundamental.

En 2005, Alemania inició la cuarta fase de un plan destinado a reducir el costo del sistema de bienestar social del país, una iniciativa que lleva el nombre de su principal arquitecto, el director de personal de Volkswagen, Peter Hartz. Hartz IV fusionó los beneficios de desempleo y bienestar, fijando el beneficio estándar para personas solteras que residen en los estados de la antigua Alemania Occidental (incluyendo Berlín Oriental) en 345 euros al mes. Este monto fue determinado sobre la base de un estudio estadístico de los ingresos y gastos de los grupos de menores ingresos.

El European Roma Rights Centre (ERRC) presentó este caso contra Italia por violación de los artículos 31 y E de la Carta Social Europea Revisada al no proteger el derecho a la vivienda de la población romaní, así como al discriminar sistemáticamente contra esta comunidad. En 2005, el Comité Europeo de Derechos Sociales (ECSR) informó su decisión sobre el caso al Comité de Ministros del Consejo de Europa para exigir el cumplimiento de Italia del fallo.

Yolanda Daniels es una trabajadora doméstica y cabeza de familia que vivió durante 16 años en una vivienda rural. Comenzó a vivir allí cuando su ex marido era empleado del dueño. Después de divorciarse, permaneció con sus tres hijos en la vivienda con el consentimiento del dueño.

Alto Tribunal de Sudáfrica afirma obligación del Estado de adecuar (upgrade) asentamiento informal

Durante más de 20 años, la Ciudad de Johanesburgo prometió a los residentes que adecuaría (would upgrade) Slovo Park respecto de la falta de electricidad, agua potable, cloacas, retiro de basura y calles demarcadas, y la propensión a los incendios fatales de viviendas precarias.  Debido a la falta de acción de la Ciudad, los residentes desarrollaron sus propios planes de modernización de acuerdo con el Programa de Adecuación (Upgrading) de Asentamientos Informales (UISP) contenido en el Código Nacional de Vivienda.  A pesar de los esfuerzos de los residentes para lograr que la Ciudad implem

El peticionante, Hernando De Jesus Blanco Angarita, de 69 años de edad, presentó una acción de tutela ante la Corte Constitucional después de que el Primer Juzgado Civil Municipal de Bogotá resolviera que el Fondo Nacional de Seguridad Social no había violado sus derechos constitucionales al retrasar la transferencia de la pensión de su cónyuge fallecida. La Corte Constitucional rechazó la decisión de dicho Juzgado y sostuvo que se habían violado derechos reconocidos en la Constitución de Colombia y en el derecho internacional.

Este caso se refiere a las obligaciones del municipio de Ratlam para con su pueblo establecidas en la Sección 123 de la Ley de Municipios M. P. de 1961. Estas obligaciones incluyen la concesión de instalaciones sanitarias y la prevención de la contaminación de las calles causada por una planta de alcohol cercana. Los residentes del municipio de Ratlam, frustrados por la falta de instalaciones sanitarias y por la contaminación de las calles, interpusieron una demanda contra el municipio en virtud de la Sección 133 del Código de Procedimiento Penal por delito de perjuicio público.