A medida que el mundo se apresura a abandonar los combustibles fósiles, emerge una realidad inquietante: la extracción de los llamados “minerales críticos” y el despliegue de proyectos de energía renovable a gran escala están impulsando el despojo de tierras, los desplazamientos forzados y la destrucción ambiental, especialmente en el Sur Global.
Basado en las experiencias vividas de nuestros miembros en América Latina, África, Asia y más allá, este documento expone cómo los Pueblos Indígenas, las mujeres y las comunidades rurales están soportando el peso de una transición que a menudo reproduce patrones coloniales de explotación. Desde la minería de litio en el Salar del Hombre Muerto, en Argentina, hasta la minería en aguas profundas en el Océano Índico, y desde la extracción de grafito en Tanzania hasta las operaciones de níquel en Indonesia, las comunidades están siendo despojadas en nombre de las “soluciones climáticas”.
El documento presenta una poderosa serie de casos reales que demuestran cómo la transición energética global, tal como se está implementando, está reproduciendo dinámicas extractivistas y coloniales.
- En América Latina, la extracción de litio en Argentina, Bolivia y Chile —conocido como el “Triángulo del Litio”— ha impactado profundamente a las comunidades indígenas atacameñas y sus ecosistemas, desencadenando batallas legales por el derecho al consentimiento libre, previo e informado.
- En Zimbabue, las comunidades han enfrentado reubicaciones forzadas, contaminación del agua y abusos laborales vinculados a la minería de litio.
- En la República Democrática del Congo, los niños continúan trabajando en condiciones peligrosas en las minas de cobalto y coltán.
- En Senegal, la extracción de fosfato y arenas minerales por parte de empresas extranjeras ha desplazado a comunidades agrícolas y puesto en peligro los sistemas alimentarios locales.
En Asia y el Pacífico, el patrón se repite:
En Indonesia, la minería de níquel ha generado violaciones generalizadas de derechos humanos en las tierras indígenas de Hongana Manyawa, mientras que los destructivos proyectos hidroeléctricos en Kalimantán han erosionado las protecciones ambientales y sociales.
En Tanzania y Sri Lanka, la extracción de grafito ha provocado desplazamientos, contaminación y represión contra quienes resisten.
Desde la mina Didipio en Filipinas hasta la minería de tierras raras en Laos, las comunidades han sufrido despojos de tierras, criminalización y violencia estatal.
Mientras tanto, la minería en aguas profundas amenaza los ecosistemas marinos en el Océano Índico y las Islas del Pacífico, lo que ha llevado a la implementación de moratorias regionales en países como Fiji, Vanuatu y Nueva Zelanda.
Incluso la Unión Europea está implicada a través de políticas como la Ley de Materias Primas Críticas, que facilita acuerdos extractivistas con países del Sur Global sin garantizar adecuadas salvaguardias de derechos humanos o ambientales.
Estos casos en conjunto presentan una imagen alarmante de una transición energética impulsada no por la justicia, sino por intereses corporativos y geopolíticos sin control.
El documento destaca:
Las violaciones masivas de derechos asociados a proyectos de “energía verde”, desde el trabajo infantil en las minas de cobalto en la RDC hasta el desplazamiento de pastores masái en Kenia.
Las fallas regulatorias de los Estados y las instituciones internacionales, que han permitido que las violaciones y abusos corporativos prosperen con impunidad.
La urgente necesidad de centrar los derechos humanos, la soberanía indígena y los derechos de la naturaleza en cada paso de la transición energética global.
Sostenemos que una transición justa y equitativa no es posible sin enfrentar el control corporativo, fortalecer los mecanismos internacionales de responsabilidad, exigir a los países ricos y a los principales contaminadores globales que rindan cuentas por su deuda climática, y garantizar que las comunidades en primera línea —no las corporaciones— lideren el camino a seguir.
