Concluimos que existe usurpación ilegal por parte de la empresa minera NILZER SRL en el JMTCA, basándonos en la investigación documental sobre la legalidad de la concesión minera y su actividad dentro del territorio. También encontramos una violación del derecho a la consulta previa por parte de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera cuando otorgó la concesión a la empresa, a pesar de las resoluciones de las autoridades indígenas en contra. Se logró hilvanar toda la historia del caso de la empresa minera NILZER SRL, pero también paralizarlo, además de un compromiso de indemnización por daños y perjuicios; sin embargo este último aún no se ha materializado. Este expediente es muy importante, sobre todo por la falta de información formalmente solicitada a las instituciones del Estado (por ejemplo, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera).

También encontramos una fuerte predisposición de los funcionarios del Estado a favor de la empresa minera, ya que generan ingresos que benefician la ejecución de proyectos, creando desinformación e intimidación hacia las autoridades indígenas. Las condiciones institucionales priorizan el valor de la actividad minera porque se cree que aportan regalías a los gobiernos locales y departamentales para la ejecución de proyectos y que generan empleos; dejando en una situación de subordinación y menoscabo los derechos de los pueblos indígenas a proteger sus sistemas de vida, sus recursos de supervivencia como el agua, así como a ejercer sus derechos territoriales a la luz de su creencia del territorio como la Pachamama, una entidad que da vida. Esta relación discriminatoria puede considerarse un modelo neocolonial de trato subordinado en detrimento de los derechos de las naciones y pueblos indígenas. Esta situación también les da el poder de intimidar a través de la disuasión empresarial, y de cooptar apoyos en base a promesas de otorgar bienes y servicios en apoyo a los miembros de la comunidad que acepten la actividad minera, generando divisiones y tensiones.

Se aportó mucha gestión de documentación y apoyo jurídico a las autoridades indígenas ante el Tribunal Agroambiental del Departamento de Oruru. También se avanzó en una denuncia penal ante el Ministerio Público por delitos de “explotación ilegal de recursos naturales, venta ilegal de recursos naturales y destrucción y deterioro del patrimonio del Estado” contra la empresa. Se fortaleció la acción orgánica y el ejercicio de la jurisdicción indígena campesina del JMTCA.

Fue posible reconstruir la historia de defensa y legalización de los derechos territoriales del JMTCA, su proceso de reconstitución y su papel histórico en la región. Se elaboró una línea de tiempo que reconstruye los principales hitos de la historia del JMTCA.

También se identificaron las percepciones de las mujeres, las y los jóvenes, y niñas y niños sobre los impactos de la minería. Fue muy importante encontrar una forma de visualizar estos impactos a través de mapas, ilustraciones y videos, y permitir que los menores participaran en este proceso. Cabe destacar que la cultura del sesgo hacia las actividades mineras viola los derechos de la población local, ya que no mide sus pasivos e impactos ambientales, y más bien se centra en las ganancias rentistas a corto plazo. Por lo tanto, no presta atención a los impactos socioeconómicos causados por la contaminación y la desertificación, como la aniquilación de los sistemas económicos tradicionales basados en la agricultura; el deterioro de las bases de la seguridad y la soberanía alimentaria; el desplazamiento de poblaciones en busca de otras estrategias económicas; la desintegración del tejido social; ni la afectación a la salud física y emocional de las poblaciones, en particular de los niños.

Es urgente desarrollar capacidades de gestión intercultural en el tratamiento de los temas relacionados con la minería, desde la concesión misma hasta los procedimientos que implican derechos de los pueblos indígenas. Por ejemplo, sería posible contar con un sistema georreferenciado que superponga territorios indígenas y cuadrículas mineras, de fácil acceso y a simple solicitud de las autoridades indígenas o de los actores mineros. También sería posible desarrollar protocolos de consulta previa adaptados a las normas internacionales y al derecho constitucional.

Es urgente hacer una evaluación costo-beneficio de los impactos mineros y ambientales, así como de los pasivos y las condiciones ambientales en que deja al territorio orureño; el costo social y cultural que implica, además del costo de la sustentabilidad de la vida. Esto abriría los ojos a los actores políticos que, con conocimiento de causa, tomarían decisiones más transparentes.

Desarrollar competencias sobre el medio ambiente y el potencial productivo de la región para garantizar el bienestar de la población. Desarrollar iniciativas productivas complementarias y de economía sustentable.

Declarar como patrimonio municipal y departamental los recursos de agua dulce remanentes e implementar programas de manejo de cuencas y microcuencas en coordinación con las poblaciones locales. Este es un tema crítico en la región.

El JMTCA ha marcado históricamente hitos en el movimiento emancipatorio indígena y en la reconstrucción de la memoria de defensa del derecho a su territorio; ahora marca un nuevo hito porque el cañón de Peñas -donde se encuentra el JMTCA- está luchando por su supervivencia en medio de un desierto contaminado. Lo que hacen ya está sentando un precedente, por ejemplo, con respecto a la presentación de la demanda ante el Tribunal Agroambiental. Siguen siendo aliados del movimiento de Oruro en la resistencia contra la contaminación minera.

Estos resultados se utilizarán de tres maneras:

1. Como memoria pedagógica y herramienta de información permanente para la población y autoridades del JMTCA, para fortalecer la jurisdicción indígena y enfrentar con información la desinformación y la captura corporativa.
2. Como aporte para avanzar en la defensa del derecho propietario del TIOC JMTCA y hacia el respeto de los derechos colectivos e individuales de su población.
3. Como aporte para proponer programas de gestión integral de fuentes de agua y la implementación de un programa económico productivo indígena.