Varios movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil han invertido y/o continúan invirtiendo tiempo en comprometerse con los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la ONU (en adelante PRNU); participando en consultas y plataformas de promoción, tanto regionales como internacionales, y más remotamente a través de intervenciones escritas, como el reciente aporte de la Red-DESC sobre la captura corporativa ante el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos (en adelante el Grupo de Trabajo). Después de varios años de interacción con el Grupo de Trabajo y en el proceso de implementación de los PRNU dentro de sus planes de acción nacionales voluntarios (NAP, por sus siglas en inglés), muchos han llegado a la misma conclusión de que los NAPs no son suficientes como herramienta independiente para la rendición de cuentas corporativa, particularmente debido a su carácter voluntario.
Para complementar el proceso de los PRNU, es evidente que necesitamos urgentemente concentrar esfuerzos y recursos en la implementación de la resolución 26/9 del Consejo de Derechos Humanos la cual decidió en el 2014 “establecer un grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre empresas transnacionales y otras empresas comerciales en materia de derechos humanos, cuyo mandato será elaborar un instrumento internacional jurídicamente vinculante para regular, en el ámbito del derecho internacional sobre derechos humanos, las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales”.
El proceso del tratado se encuentra actualmente en una coyuntura crítica en la que las corporaciones transnacionales y sus Estados de origen en el Norte Global amenazan con socavar su esencia y hacer retroceder las demandas de responsabilidad legal y obligaciones extraterritoriales. Esto socavaría los esfuerzos de responsabilidad corporativa y las luchas por la justicia social vinculadas a nivel mundial. Mientras Ecuador continúa ostentando oficialmente la presidencia del proceso del tratado, otros países del Sur Global también deben considerarse guardianes de este proceso. Esto es especialmente cierto cuando la mayoría de los abusos y violaciones de los derechos humanos relacionados con actividades comerciales ocurren en el Sur Global a manos de corporaciones transnacionales con sede en el Norte Global (enlace en inglés).
Adicionalmente, es preocupante que no hayan habido consultas informales este año con los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil. Del mismo modo, nos preocupa que no se hayan adoptado criterios o enfoques claros para garantizar que los Estados aliados clave en el proceso del tratado formen parte de este grupo.
En realidad, la situación actual sugiere que Ecuador ha dejado de lado a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y a varios Estados clave que podrían ayudar a impulsar este proceso de una manera que centre las demandas de los pueblos sobre las agendas del poder corporativo, las ganancias y la codicia. Es hora de que el gobierno ecuatoriano haga espacio a otros actores del Sur Global quienes podrían llevar la antorcha y defender este proceso del tratado junto con ellos.
Como complemento fundamental del proceso UNGP, consideramos fundamental que los Estados movilicen sus recursos y esfuerzos para liderar el proceso de elaboración de un instrumento jurídicamente vinculante y, como primer paso concreto, participen de manera significativa y eficaz en las negociaciones intergubernamentales de Ginebra del 24 al 28 de octubre. 2022.
Este año, una delegación de miembros participará en las negociaciones intergubernamentales de Ginebra para un #TratadoVinculante y presentará las principales demandas que el #TratadoVinculante debe abordar para poner un alto a la #ImpunidadCorporativa. Algunas de las demandas clave han sido definidas por el trabajo regional de los miembros, realizado en el período previo a las negociaciones.
