Vivienda

Nombuyiselo Sihlongonyane and Mholi Joseph were married under civil rites and in community of property.[1] In January 2013, on the basis of her husband’s infidelity and mismanagement of their estate, Sihlongonyane applied to the High Court of Swaziland (High Court) to have her husband removed as the administrator of their joint property.

In this case, a landlord applied for the High Court to set aside a decision by the Gauteng Rental Housing Tribunal (“Tribunal”). Eighty rental tenants had brought a complaint to the Tribunal based on their landlord’s charge of about R385 per month per tenant for electricity in addition to the costs they paid for their individual consumption. The tenants discovered that the utility service provider, City Power, charged the landlord about R337,50 per month for the whole building. This meant that their landlord was generating a significant profit from the service charge.

Una mujer con discapacidad mental, madre de tres hijos, buscó la revocación de una orden de desalojo del hogar familiar obtenida por su ex marido. Al procesar la orden de desalojo, el juez vio que el marido era el propietario registrado de la propiedad y la ex esposa y los hijos la ocupaban a pesar de que él había retirado su consentimiento. El juez reconoció la discapacidad de la mujer, pero sostuvo que tenía una vivienda adecuada alternativa a su disposición, porque podía volver a vivir con sus familiares (lo que ella negó).

Este caso se refiere a una apelación de una orden de un Alto Tribunal que permitía el desalojo de unas 170 familias de las tierras que habían ocupado como consecuencia de que un asentamiento informal había traspasado el límite de tierras privadas. El Alto Tribunal ordenó permitir el desalojo de las familias de la propiedad. Las familias apelaron la orden aduciendo que violaba el artículo 4(6) de la Ley de Prevención de Desalojos Ilegales y Ocupación Ilegal de Viviendas y Tierras nro.