Denuncia por construcción de proyecto de infraestructura en tierras indígenas sin consultar debidamente a las comunidades ni realizar el informe de impacto socio-ambiental correspondiente. Proceso de solución amistosa con miras a la entrega de tierras. Solicitud de medidas cautelares por incumplimiento de compromisos adoptados en el proceso de solución amistosa.
En 1998, la Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado argentino. Las comunidades habitantes de la provincia de Salta denunciaron violaciones a sus derechos a la tierra ancestral, a la integridad cultural y a un ambiente sano ante la decisión del Estado de construir un puente internacional y ejecutar un plan de urbanización en su territorio, hechos que modificarían sensiblemente su forma de vida. Las comunidades reclaman la realización previa de un informe de impacto socio-ambiental y de una consulta a quienes históricamente han ocupado, usado y poseído las tierras. Además, reclaman el título de propiedad del territorio que habitan. En noviembre de 2000, se inició un proceso de solución amistosa en el marco de la CIDH, en el cual el Estado se comprometió a suspender el proyecto de infraestructura y en el que se conformó un grupo de trabajo con el objetivo de elaborar una propuesta para la entrega de las tierras. Entre los años 2002 a 2005 se elaboró información técnica y se alcanzaron distintos acuerdos para lograr el objetivo final de la entrega de tierras. A pesar de los acuerdos parciales obtenidos, a fines del 2004, el gobierno presentó un documento que establece criterios arbitrarios para la distribución de las tierras. Luego, el gobierno resolvió interrumpir el diálogo y retirarse de la mesa de negociación. En consecuencia, Lhaka Honhat, el CELS y CEJIL solicitaron a la CIDH la adopción de medidas cautelares. La CIDH le advirtió al Estado que en caso de fracasar el diálogo, presentaría la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Hasta la fecha, la CIDH no ha adoptado las medidas cautelares solicitadas.
El sistema interamericano de protección de derechos humanos actuó como mecanismo para establecer un ámbito efectivo de negociación con el Estado, en el que la Comisión actúa de árbitro y equilibra la desigualdad de condiciones entre las partes. Hasta el momento, se logró la suspensión del proyecto de infraestructura y el fraccionamiento del territorio indígena.
