Nature of the Case
Demanda constitucional bajo la Constitución del Estado de Texas por sistema inadecuado de financiación escolar (artículo VII, pár. 1); remedio
Demanda constitucional bajo la Constitución del Estado de Texas por sistema inadecuado de financiación escolar (artículo VII, pár. 1); remedio
La Constitución de Texas establece que la difusión general del conocimiento es esencial para la preservación de las libertades y los derechos del pueblo. Asimismo, la Legislatura y el Estado tienen la obligación de establecer y realizar las previsiones adecuadas para financiar y mantener un sistema eficiente de escuelas gratuitas (Artículo VII, pár. 1). En este caso, los Demandantes buscaban la revisión de una orden de un tribunal de apelación que había anulado una sentencia de un juez de instrucción según la cual el sistema de financiación de escuelas de Texas violaba su Constitución. El sistema se basa en el impuesto a la propiedad local para financiar las escuelas. Los distritos más prósperos tenían 700 veces más recaudación por alumno que los más pobres, con la consecuencia de que las escuelas más pobres no tenían los fondos suficientes para proveer los servicios necesarios. La Corte Suprema de Texas confirmó la sentencia del juez de instrucción de que el sistema violaba la Constitución estatal. El sistema no resolvía las diferencias en la capacidad de los distritos para recaudar fondos y no aseguraba que todos los alumnos recibieran una educación eficiente, es decir, productiva o efectiva. El sistema no era financieramente eficiente ni proporcionaba la difusión general del conocimiento en todo el estado, sino una difusión limitada y despareja. Las diferencias resultantes eran directamente contrarias al principio constitucional de eficiencia'. La Corte no sugirió un remedio específico y señaló que la eficiencia no exige una distribución per cápita. Sin embargo, estableció un plazo, septiembre de 1991, para que la legislatura desarrolle un nuevo sistema de financiación escolar.
Tras la sentencia, la legislatura de Texas tuvo dificultades para alcanzar un consenso. Un experto designado por un tribunal diseñó un plan de reforma alternativo y finalmente se pudo lograr el consenso. Se presentaron varias demandas judiciales contra los diferentes sistemas de financiación de las escuelas públicas adoptados posteriormente por Texas. En el caso más reciente, West Orange-Cove Consolidated ISD v Neeley, de noviembre de 2004, la Corte Suprema anuló el sistema de financiación escolar del estado al concluir que se había convertido en un impuesto a la propiedad inconstitucional (fuente: www.schoolfunding.info.news/litigation). La Corte estableció un plazo para la acción legislativa hasta el 1 de junio de 2006. La sentencia está siendo apelada por el Mexican American Legal Defense and Educational Fund (MALDEF).
Esta demanda continuó la lucha iniciada en San Antonio ISD v Rodriguez (411 US 1 (1973)) [GET LINK TO ENTRY ON DATABASE]. La sentencia ejemplifica cómo un tribunal estatal puede determinar el nivel sustantivo de educación garantizado por los artículos pertinentes de una constitución estatal.
Mexican American Legal Defense and Educational Fund. 110 Broadway Suite #300 San Antonio, TX 78205 Phone: 210-224-5476 Fax: 210-224-5382 http://www.maldef.org
David G. Hall, Attorney, Executive Director, Texas Rural Legal Aid, Inc., 300 South Texas Boulevard, Weslaco, TX 78596, Tel. (956) 968?9574] http://www.trla.org
Edgewood Independent School District, 5358 W. Commerce St. San Antonio, TX. 78237 Tel: (210) 444-4500/444-4548 http://www.eisd.net/