Government of the Republic of South Africa. & Ors v Grootboom & Ors 2000 (11) BCLR 1169. (CC). [ESP]

Naturaleza del caso

Denuncia de omisión del gobierno de proporcionar viviendas adecuadas conforme a los artículos 26 (derecho a una vivienda adecuada) y 28 (derecho del niño a una vivienda) de la Constitución de Sudáfrica; plan de viviendas no resolvió las necesidades de quienes tenían necesidades urgentes; medidas razonables y asignación de recursos; si existe el derecho a una vivienda mínima; contenido mínimo del derecho a la vivienda; grado de deferencia judicial respecto de las alternativas de políticas gubernamentales; remedio apropiado.

Aplicación de la decisión y resultados

La sentencia tuvo importantes consecuencias en la política habitacional de Sudáfrica. La mayoría de las municipalidades introdujo una “partida Grootboom” en sus presupuestos para satisfacer las necesidades de los más desesperados. Los demandantes recibieron servicios básicos como consecuencia de un acuerdo alcanzado antes de la audiencia ante la Corte Constitucional, pero los resultados de la sentencia dejaron mucho que desear para la comunidad. Se inició otra demanda para exigir el cumplimiento de la reparación por parte del gobierno local.

Relevancia del caso

Probablemente éste sea el caso de derechos ESC más citado, dado que sienta las bases de posteriores casos por reclamos de esos derechos que obtuvieron resultados favorables en Sudáfrica y otros países. La Corte establece el marco para la justiciabilidad de la obligación de lograr la aplicación progresiva de los derechos ESC, que se basa en un test de “razonabilidad”, aplicando el principio de deferencia, cuando corresponda, en la fase de la reparación. La sentencia coloca la justiciabilidad de los derechos ESC en un contexto que es familiar para los tribunales de todas las jurisdicciones y modifica el estándar de análisis racionalista adoptado en el (anterior) caso Soobramoney.

Grupos involucrados en el caso

Original Applicant’s Attorneys: Appolos & Associates, 80 Van Riebeeck Street, Kuils River, Western Cape, South Africa.

Attorneys for interveners: South African Human Rights Commission and Community Law Centre, Geoff Budlender, Constitutional Litigation Unit Legal Resources Centre, P O Box 5227 Cape Town 8000