Summary
Sudáfrica padece una epidemia de VIH/SIDA en la que más de 6 millones de personas están infectadas. En el año 2000, con 80.000 infecciones de recién nacidos por año, la droga anti-retroviral Nevirapin ofrecía la posibilidad de prevenir la infección de 30 a 40 mil niños al año. Aunque el gobierno la recibió gratis durante cinco años, anunció que introduciría el tratamiento contra la transmisión intrauterina únicamente en algunos lugares piloto y que postergaría el inicio del tratamiento durante un año, lo que equivalía a negarles el tratamiento a la mayoría de las madres. La organización Treatment Action Campaign (TAC) inició un reclamo constitucional denunciando la violación del derecho al acceso a la atención médica y exigiendo la creación de un programa que permitiera que la droga estuviera disponible en todo el país. El juez Chris Botha del Alto Tribunal falló a favor de TAC y ordenó que Nevirapin se ponga a disposición de las madres infectadas que dieran a luz en instituciones estatales, y que el gobierno presente ante el tribunal un plan de extensión del suministro de la droga a todas sus salas de parto del país. El gobierno apeló la sentencia ante la Corte Constitucional. El juez Botha dictó una medida cautelar hasta la resolución de la apelación.
La Corte Constitucional de Sudáfrica rechazó la apelación, estimando que el suministro de Nevirapin restringido a algunos lugares piloto excluía a otros que podían ser incluidos razonablemente en el programa. La Corte ordenó al gobierno extender la disponibilidad de la droga a hospitales y clínicas, proporcionar psicólogos y tomar medidas razonables para ampliar los servicios de exámenes médicos y asistencia sicológica a todo el sector de la salud pública. La Corte rechazó el argumento presentado por una de las partes en el que se buscaba diferenciar entre el contenido mínimo del derecho a la atención médica y las obligaciones impuestas al estado en el artículo 27(2) que están sujetas a la aplicación progresiva y los recursos disponibles.
