Acción civil pública para la creación de programas de internación y semilibertad para adolescentes infractores de la ley penal. Poder Judicial como órgano competente para decidir sobre asignaciones de presupuesto. Imposibilidad para el Estado de alegar falta de recursos económicos ya que la Constitución exige prioridad absoluta en garantizar los derechos de niños y adolescentes.
La sentencia fue apelada por el Estado de Rio Grande do Sul. El caso se encuentra pendiente de resolución ante el Superior Tribunal Federal.
El empleo de acciones tales como la denominada “acción civil pública” se ha generalizado en Brasil, habilitando la tutela judicial frente a tipos de ilícitos que, de otro modo, hubieran sido ejecutados impunemente. El caso da cuenta de las posibilidades del Poder Judicial de controlar el diseño de políticas públicas y hacer efectivos los derechos fundamentales de los niños cuando se encuentra en discusión la disposición de partidas presupuestarias.
Demandante: Ministerio Público.
Demandado: Estado de Río Grande do Sul.