Summary
400 personas que habían sido desalojadas de tierras municipales adyacentes se asentaron en la granja privada Modderklip en el año 2000. En abril de 2001, se emitió una orden de desalojo, pero los ocupantes no tenían dónde ir y no la cumplieron. La cantidad de ocupantes continuaba aumentando y el auxiliar de justicia exigía un depósito de 1,8 millones de rand, monto que superaba el valor de la propiedad, para llevar a cabo el desalojo. El propietario intentó en vano conseguir ayuda del gobierno nacional. Recurrió al Tribunal Superior de Pretoria argumentando que era obligación del estado proteger tanto sus derechos a la propiedad conforme al artículo 25 de la Constitución como el derecho a la vivienda de los ocupantes conforme al artículo 26. El Tribunal Superior entendió que ambos derechos estaban siendo violados y ordenó al estado concebir un plan que solucionara ambos problemas. En la apelación ante la Corte Suprema de Apelaciones, ésta coincidió en que ambos derechos habían sido violados y ordenó al estado pagar una compensación y permitir que los ocupantes permanecieran en la propiedad hasta que se pusiera a disposición otras tierras alternativas. Tras la apelación, la Corte Constitucional sostuvo que no era necesario resolver el caso en base a los derechos a la propiedad en relación con los derechos a la vivienda. En cambio, la Corte entendió que la omisión del Estado de tomar medidas razonables para asistir al propietario y, al mismo tiempo, de evitar el desalojo de una comunidad extensa que no tenía dónde ir, constituía una violación del principio del estado de derecho conforme al artículo 1(c) de la Constitución. La Corte concluyó que el recurso apropiado dadas las circunstancias era exigir que el Estado compense al propietario por la ocupación ilegal de su propiedad.
