Petición conforme al artículo 15 (derechos a la igualdad) de la Canadian Charter of Rights and Freedom (Carta de Derechos y Libertades de Canadá) en la que se denuncia la denegación de garantía de posesión o tenencia a residentes de viviendas estatales; discriminación en base a pobreza, raza, estado civil/situación familiar; legislación no inclusiva; recurso para proteger a grupo vulnerable.
La peticionante, Irma Sparks, madre soltera de dos hijos y de raza negra, dependía de la asistencia social y había vivido en viviendas estatales durante diez años. Con un preaviso de un mes, se le comunicó que sería desalojada sin que se indicara la razón. Las viviendas estatales estaban exentas de la garantía de posesión o tenencia prevista por la Residential Tenancies Act (Ley de Alquileres Residenciales). Sparks adujo que la legislación discriminaba en base a las razones (enumeradas en la ley) de raza y el sexo, así como en base a razones “análogas” de estado civil/situación familiar (madre soltera) y pobreza/ingresos. Estaba probado que los residentes de las viviendas estatales eran pobres, muchos de ellos negros y otros muchos madres solteras. El juez de instrucción rechazó la petición, porque entendió que los negros, las personas pobres y las madres solteras no estaban recibiendo un tratamiento diferencial por su condición de tales. El Tribunal de Apelaciones de Nova Scotia sostuvo la apelación y anuló las disposiciones de la Ley que excluían a los inquilinos de viviendas estatales de la garantía de posesión o tenencia, extendiendo la protección a todos los residentes de viviendas estatales. El Tribunal entendió que la exclusión constituía una discriminación de efecto adverso por razones de raza, sexo, estado civil y pobreza. Sostuvo que la pobreza es una característica personal análoga a las enumeradas en el artículo 15 de la Carta de Canadá y, por ello, constituye una razón de discriminación prohibida.
La sentencia extendió la garantía de posesión o tenencia a aproximadamente 10.000 inquilinos de bajos ingresos de Nova Scotia. El principio de que la pobreza es una razón de discriminación prohibida fue aplicado en esa misma provincia para anular restricciones en los requisitos que debían cumplir las madres solteras para acceder a asistencia social (Rehberg) y fue citado en una sentencia similar en Ontario (Falkiner). La Corte Suprema de Canadá todavía no se ha expedido respecto de la cuestión de la pobreza como razón de discriminación.
Este caso constituye una de las primeras aplicaciones, y una de las más progresistas, del derecho a la igualdad y a la no discriminación para extender los derechos a la vivienda de los pobres. El principio de que la pobreza es una razón de discriminación prohibida fue revolucionario y ha sido el centro de acciones judiciales posteriores. Desde entonces, el Comité de DESC de la ONU, la Comisión de Derechos Humanos de Canadá y el Panel de Revisión de la Ley de Derechos Humanos de Canadá recomiendan prohibir la discriminación por razones de pobreza o condición social en la legislación de derechos humanos.
Charter Committee on Poverty Issues (CCPI) brindó asesoramiento para el caso y desde entonces ha liderado la campaña por el reconocimiento de la pobreza como razón de discriminación. Vince Calderhead, el abogado de Irma Sparks, es miembro de CCPI y un abogado prominente en el campo de los derechos ESC de Canadá.
Otros grupos que participaron de la campaña por el reconocimiento de la pobreza como razón de discriminación:
The Centre for Equality Rights in Accommodation (CERA)
