Unni Krishnan, J.P. & Ors. v. State of Andhra Pradesh & Ors. Cited as: 1993 AIR 217, 1993 SCR (1) 594, 1993 SCC (1) 645, JT 1993 (1) 474, 1993 SCALE (1)290. [ESP]

Nature of the Case

Recurso constitucional que planteó si el “derecho a la vida” del Artículo 21 de la Constitución de la India garantiza el derecho fundamental a la educación de los ciudadanos de la India; el papel de los recursos económicos en la limitación del derecho a la educación; cómo se relacionan los Principios Directivos y la Política del Estado en la Constitución y los Derechos Fundamentales; si el derecho a la educación incluye la educación profesional para adultos.

Summary

Este caso surgió de una presentación de varias instituciones privadas de educación profesional en la que se cuestionó la constitucionalidad de las leyes que regulaban los cargos de capitación de dichas instituciones.   La Corte Suprema sostuvo que el derecho a la educación básica está implícito en el derecho fundamental a la vida (artículo 21) cuando se lo interpreta junto con el Principio Directivo sobre la educación (art. 41). La Corte afirmó también que los parámetros del derecho deben entenderse en el contexto de los Principios Directivos de la Política del Estado, incluyendo el artículo 45, el cual dispone que el estado se esfuerce por proporcionar, dentro de un período de diez años posteriores a la promulgación de la Constitución, educación gratuita y obligatoria para todos los niños menores de 14. La Corte entendió que no había un derecho fundamental a la educación relacionada con un título profesional conforme al artículo 21. Sin embargo, opinó que, con los 44 años transcurridos desde la promulgación de la Constitución, el derecho no justiciable a la educación de los menores de 14 años se había convertido en un derecho exigible conforme a la ley. Luego de llegar a los 14 años, el derecho a la educación de las personas está sujeto a las limitaciones de la capacidad y el desarrollo económico del estado (conforme al art. 41). Citando el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Corte estableció que la obligación del estado de proveer educación superior le exige tomar medidas, dentro del máximo de sus recursos disponibles, a fin de lograr gradualmente la realización plena del derecho a la educación por todos los medios apropiados.

Enforcement of the Decision and Outcomes

El estado respondió nueve años después agregando, por medio de la nonagésimo tercera enmienda de la Constitución, el artículo 21-A, en el que se dispone el derecho fundamental a la educación de los niños de entre seis y catorce años. Asimismo, varios estados de la India promulgaron legislación que dispone la obligatoriedad de la educación primaria. Tales leyes “sin embargo, no se han cumplido, debido a diferentes factores socioeconómicos y culturales, así como a limitaciones administrativas y financieras. No existe ninguna legislación central que establezca la obligatoriedad de la educación básica”. (Ver Kothari más abajo.)

Significance of the Case

En este caso, la Corte expresó su desacuerdo con la sentencia de otro caso anterior, Mohini Jain v State of Karnataka 1992 AIR 1858 en el que se afirmaba que la Constitución garantiza el derecho a la educación de todos los niveles. En un caso posterior, M.C. Mehta v State of Tamil Nadu & Ors  (1996) 6 SCC 756; AIR 1997 SC 699, la Corte Suprema sostuvo que el artículo 45 había adquirido el estatus de derecho fundamental tras la sentencia de Unni Krishnan.  

Asimismo, la Corte sostuvo que, a los efectos de tratar el derecho como un derecho fundamental, no es necesario que se lo considere mencionado expresamente en la Parte III de la Constitución: “las disposiciones de la Parte III y de la Parte IV se suplementan y complementan mutuamente”. La Corte rechazó que los derechos reflejados en los términos de la Parte III fueran superiores a los reclamos y aspiraciones morales reflejados en las disposiciones de la Parte IV.