Relevancia del caso
El precedente legal más importante establecido por el caso de Unocal es que las empresas (al igual que las personas) estadounidenses pueden ser responsables en virtud de la ley ATCA por complicidad en violaciones flagrantes de los derechos humanos fuera del territorio de Estados Unidos. Sin embargo, debido a que las partes llegaron a un acuerdo, nunca se determinó concluyentemente el estándar apropiado para establecer la responsabilidad. Varios otros casos relacionados con la complicidad de las empresas en violaciones de derechos humanos han avanzado, como Wiwa c./ Royal Dutch Shell, 226 F.3d 88 (2000), en el que se estableció la responsabilidad empresaria conforme a la ATCA de empresas extranjeras cuando mantenían "relaciones continuas y sistemáticas con los EEUU". En el año 2009, Shell llegó a un acuerdo con los peticionantes del caso Wiwa por un monto de 15,5 millones de dólares. En el año 2004, durante la audiencia ante la Corte Suprema de Sosa c./ Alvarez-Machain 542 U.S. 692 (2004), 331 F.3d 604 [rechazado], el gobierno de George W. Bush hizo varias presentaciones amicus curiae argumentando contra la aplicación de la ATCA a empresas. Aunque la decisión de la Corte Suprema en el caso Sosa afirmó que existe responsabilidad empresaria conforme a la ATCA, limitó su aplicación a las violaciones del derecho internacional que sean "específicas, universales y obligatorias" -sin elaborar este concepto ni dar ejemplos-, omitiendo orientar suficientemente a los tribunales inferiores para que avancen en este sentido. Existe un caso importante que podría aportar más oportunidades para que se elabore la responsabilidad empresaria bajo ATCA: Khulumani c./ Barclays y otros, que todavía no tiene fecha de juicio en el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York.