Una reclamación presentada por COHRE denuncia violaciones del derecho a una vivienda adecuada, incluyendo desalojos forzosos, de comunidades romaní y sinti en Italia, así como expulsiones masivas de trabajadores migratorios romaníes; obligación de tomar medidas no regresivas/realización progresiva; falta de protección e investigación de violencia contra grupos romaníes y sinti; derecho a la protección contra la pobreza y la exclusión social.
El Comité Europeo de Derechos Sociales concluyó que Italia es responsable de políticas y prácticas que conducen a que los residentes romaníes y sinti vivan en viviendas segregadas y extremadamente inadecuadas, así como del desalojo forzoso de comunidades enteras y la expulsión de Italia de romaníes migrantes. En la decisión también se halló a Italia responsable del clima subyacente de racismo y xenofobia existente en el país. El Comité concluyó que campamentos romaníes han sido destruidos y sus habitantes han sido desalojados por la fuerza y, con frecuencia, han expulsados de Italia por parte de la policía estatal u otros representantes de la autoridad pública, muchas veces sin notificación previa y sin que se ofrezcan viviendas alternativas. Otros campamentos en diversas regiones de Italia han sido objeto de incendios intencionales o vandalismo motivado por el odio racial. Las autoridades locales rara vez enjuician o investigan a los autores de estos delitos.
El Comité concluyó que Italia violó varios derechos consagrados en la Carta Social Europea, incluyendo el derecho de los romaníes y sinti a una vivienda adecuada, a protección social, legal y económica, a protección contra la pobreza y la exclusión social, y al derecho de las familias romaníes migrantes a recibir protección y asistencia. El Comité interpretó todos estos derechos sustantivos en forma conjunta con la prohibición de la discriminación del artículo E. La decisión también se refirió al derecho a participar como un componente del derecho a protección contra la pobreza y la exclusión social (artículo 30) y señaló que los Estados poseen la obligación positiva de facilitar la participación de los ciudadanos a fin de superar los obstáculos que puedan dificultar la representación.
El 22 de octubre de 2010, el Comité de Ministros del Consejo de Europa analizó la decisión de COHRE c./Italia. Debido a la existencia de "violaciones agravadas", el Comité de Ministros aceleró el tratamiento del caso. Durante el tratamiento, el gobierno de Italia se comprometió a "asegurar la implementación efectiva de los derechos que surgen de la Carta Social Europea revisada para todas las personas, incluyendo personas que pertenezcan a las comunidades romaníes". Este compromiso fue incluido explícitamente en la resolución pertinente del Comité de Ministros.[1] El informe de Italia se esperaba para enero de 2011, pero todavía no ha sido recibido.
[1] Concejo de Europa, Comité de Ministros, resolución CM/ResChS(2010)8, Reclamación Colectiva Nro. 58/2009 de Centro por el Derecho a la Vivienda y Contra los Desalojos (COHRE) contra Italia, adoptada por el Comité de Ministros el 21 de octubre de 2010 en la 1096ª reunión de los Representantes de los Ministros.
Parte de este caso se empleó para dar seguimiento a una decisión previa, ERRC c./Italia, y cuestiona el empeoramiento de la situación de los derechos a la vivienda como medidas regresivas frente a los resultados de las investigaciones y las conclusiones legales de ERRC c./Italia. Asimismo, COHRE c./Italia estableció jurisprudencia sin precedentes al considerar como una "violación agravada" de la Carta Social Europea revisada cuando los desalojos forzosos apuntan específicamente a minorías raciales o étnicas y cuando las autoridades públicas, en lugar de intentar frenar la violencia de quienes llevan a cabo los desalojos forzosos, exacerban dicha violencia y los desalojos resultantes. El resultado de la "violación agravada" identificada fue acelerar el caso tanto frente al Comité Europeo de Derechos Sociales como ante el Comité de Ministros del Consejo de Europa, que se ocupa de hacer cumplir la decisión. También se observó una "violación agravada" en el contexto del discurso hostil subyacente promovido por las autoridades italianas. COHRE c./Italia también produjo jurisprudencia nueva relacionada con la expulsión masiva de trabajadores migratorios, al considerar que tal expulsión era una violación del artículo 19(8) de la Carta Social Europea revisada.
