Recurso de apelación presentado ante la Corte Constitucional de Sudáfrica por un desalojo de un asentamiento informal para construir viviendas de bajo costo; naturaleza del derecho al acceso a una vivienda adecuada; razonabilidad de la política de vivienda del gobierno; expectativas legítimas de acceder de la comunidad.
Aproximadamente 20.000 ocupantes del asentamiento informal Joe Slovo de Ciudad del Cabo apelaron a la Corte Constitucional para que dejara sin efecto una orden de desalojo dictada por el Tribunal Superior (High Court). El desalojo había sido solicitado por los Ministerios de Vivienda Nacionales y Provinciales, y por una empresa constructora de viviendas contratada para implementar el desarrollo de viviendas para familias de bajos ingresos en el lugar donde se encontraba emplazado el asentamiento informal. Aunque la empresa de viviendas había incluido en su oferta que proporcionaría viviendas temporarias para los ocupantes en Delft, localidad ubicada a 15 kilómetros, no se había garantizado la entrega de viviendas permanentes.
La Corte aplicó el estándar de razonabilidad. La cuestión de si el desalojo era justo y equitativo fue decidida analizando si constituía una medida razonable para realizar el derecho a la vivienda. La Corte decidió que el desalojo era razonable, incluso dada la ausencia de consultas serias con la comunidad, siempre que se proporcionaran viviendas alternativas adecuadas y que el 70% de las viviendas del nuevo desarrollo fueran asignadas a los ocupantes, tal y como lo esperaban estos últimos.
La Corte sostuvo que los demandantes eran "ocupantes ilegales" conforme a la legislación nacional y que la defensa había actuado de manera razonable al buscar promover el derecho al acceso a una vivienda adecuada; sin embargo, la orden de la Corte Constitucional se diferenciaba de la del Tribunal Superior. La Corte estipuló que ninguna persona podía ser desalojada sin que se le proporcionara una vivienda alternativa y se cumpliera con las siguientes condiciones, a saber: (1) se debía realizar una consulta individual con cada hogar antes del desalojo, sobre el cronograma del desalojo y otros temas, y se les debía proporcionar asistencia para mudar sus pertenencias; (2) se debían proporcionar escuelas y centros de salud adecuados en el lugar de la relocalización y (3) las viviendas debían estar disponibles en el momento del desalojo. Se ordenó a las partes que informaran a la Corte sobre la implementación de la sentencia.
La orden de desalojo no ha sido ejecutada y parece probable que quede anulada. En el período que transcurrió desde la audiencia del caso hasta el dictado de la sentencia, el control político del gobierno provincial de Western Cape (y, por consiguiente, el control de los fondos de los proyectos de viviendas subsidiadas de esa provincia) pasó del partido African National Congress (ANC) a la Democratic Alliance (DA). En gran medida debido a la dificultad de cumplir con las estrictas condiciones estipuladas en la orden de la Corte, el gobierno provincial no tardó en acordar volver a considerar la posibilidad de mejorar el asentamiento sin mudarlo, una opción que, previamente, le había dicho a la Corte que no era posible, pero que los demandantes habían propuesto.
Este caso fue considerado una victoria significativa para quienes viven en el asentamiento Joe Slovo, porque la comunidad obtuvo una nueva oportunidad para presionar por un mejoramiento de las viviendas en el lugar del asentamiento (sin desalojo) debido a la incapacidad del gobierno de implementar la detallada y precisa orden de la Corte. En este caso, la Corte pareció entender que su propio rol era el de exigir que el gobierno implemente la mejor versión posible de la política (presentada por el mismo gobierno). El análisis de razonabilidad se refirió a hacer realidad las expectativas de la comunidad Joe Slovo que eran coherentes con dicha política y no a profundizar la cuestión de si la política era apropiada para las necesidades determinadas objetivamente de la comunidad. Sin embargo, en última instancia se comprobó que había tenido una importancia decisiva el hecho de que la Corte estuviera dispuesta a exigirle al gobierno que rinda cuentas por su propia versión de las prestaciones que debía cumplir la política y a asegurar que fuera implementada adecuadamente.
Equipo de trabajo
Joe Slovo, Community Law Centre: http://www.communitylawcentre.org.za/
Centro por el Derecho a la Vivienda y Contra los Desalojos: http://www.cohre.org/
Centre for Applied Legal Studies: http://web.wits.ac.za/Academic/CLM/Law/CALS/
