Acción de tutela en representación de menor de edad, contra la EPS Coomeva, en la cual solicitó que se le otorgara un tratamiento integral a través de una institución especializada en el área de discapacidad cognitiva; Salud (derecho a la), Educación (derecho a la), Educación inclusiva, Igualdad y No Discriminación (derecho a la), Tratamiento a sujetos de especial protección constitucional, Derechos de los(as) niños(as).
El 4 de febrero de 2011, la Corte Constitucional expidió la sentencia T-051 en la cual ratificó lo establecido en la sentencia T-974 en relación con los deberes que emanan para el Estado del concepto de educación inclusiva. Desde esta decisión Colombia se transformó en país número 100 en ratificar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidades, en Mayo de 2011.
En este caso la Corte Constitucional tomó en cuenta los instrumentos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos para destacar la interrelación entre los derechos a la salud y a la educación con el fin de proteger los derechos de las personas en situación de discapacidad y garantizar su satisfacción efectiva, a pesar de los diferentes ámbitos de protección de los derechos. La Corte reconoció que en los casos de discapacidad cognitiva, se deben implementar medidas efectivas tanto en el sector salud como en el de educación para responder a las necesidades de las personas en esta situación.
Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social (PAIIS) de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes.