Acción de tutela contra la Alcaldía de Montería en la cual solicitó un profesor intérprete del lenguaje de señas para estudiantes con limitación auditiva para continuar sus estudios. Educación (derecho a la), Igualdad y No Discriminación (derecho a la), Obligación de hacer inclusivo el sistema educativo.
La Corte Constitucional expidió la sentencia T-051 en la cual ratificó lo establecido en la sentencia T-974 en relación con los deberes que emanan para el Estado del concepto de educación inclusiva.Esta decisión ha sido comunicada a las organizaciones y centros de estudio dedicadas al trabajo en DESC y población en situación de discapacidad que presentaron intervenciones por petición de la Corte Constitucional y emplearán los pronunciamientos de la sentencia en sus trabajos de litigio e incidencia política.
Este caso generó un análisis de la política pública en torno a la educación inclusiva en Colombia. La Corte detectó que la normativa aplicable exigía requisitos que, en la práctica, generaban un impacto desproporcionado frente a un grupo poblacional. De esta manera ordenó medidas de carácter general al gobierno y a las entidades locales para corregir la política y diseñar mecanismos efectivos que aseguren la educación inclusiva para estudiantes en situación de discapacidad.