Solicitud de los residentes del Asentamiento Informal Langaville, Provincia de Gauteng, buscando una orden dirigida a la Municipalidad Metropolitana Ekurhuleni para que proporcione acceso suficiente a agua y servicios de saneamiento básico. Derecho al agua y servicios de saneamiento
En septiembre de 2011, los residentes del Asentamiento Informal Langaville (compuesto por más de mil quinientas familias y cuatro mil seiscientos residentes) representados por el Socio-Economic Rights Institute (SERI), pidieron una orden, que requiriera a la Municipalidad Metropolitana Ekurhelini proporcionar acceso suficiente al agua y servicios de saneamiento básico. La obligación de proporcionar estos servicios es reconocido en la Constitución de Sudáfrica, a través de la Ley de Servicios de Agua, Reglamento 3 de los Reglamentos Relativos a la Normas y Medidas Nacionales Obligatorias para Conservar el Agua (GN R509 en GG 22355 del 8 de junio de 2001). Ninguno de los residentes tenía acceso a servicios básicos de saneamiento. Algunos residentes contaban con letrinas cavadas a mano, otros hacian uso de los arbustos, mientras que otros pagaban una cuota por el acceso a los baños de un asentamiento informal cercano. El suministro de agua era una quinta parte del suministro mínimo prescrito por los reglamentos y a veces no era suficiente para beber. Conforme a la Ley de Servicios de Agua, los servicios básicos de saneamiento deben proporcionarse a los asentamientos formales e informales.
SERI y el municipio celebraron dos reuniones de coordinación, a petición de la municipalidad, en un intento por encontrar una solución amistosa. Durante la segunda reunión, la municipalidad decidió cumplir con la solicitud en su totalidad. Pocos días después, el municipio y SERI realizaron una visita conjunta al asentamiento informal para identificar donde podrían instalarse los servicios. En base a un convenio elaborado por SERI el Tribunal ordenó la instalación de dieciocho grifos y cuatro tanques de agua, para proporcionar un suministro básico de agua a los residentes de las tres extensiones o sectores del Asentamiento Informal Langaville, donde viven los solicitantes. El Tribunal también ordenó la instalación de ciento treinta y un retretes químicos, a fin de asegurar el acceso a saneamiento básico provisional
Según SERI, la orden del Tribunal ya ha sido implementada. En Langaville hay tres extensiones: extensiones 3, 6 y 18. Antes del acuerdo, la extensión 3 tenía ciento ochenta y cuatro familias con sólo un grifo que no funcionaba la mayor parte del tiempo. Algunos residentes tenían que caminar más de quinientos metros para llegar al grifo. Después de la implementación del convenio, la extensión ahora cuenta con cuatro grifos dobles, lo que equivale a ocho grifos. La extensión 6 inicialmente tenía un mil dieciséis hogares con sólo dos grifos que no funcionaban la mayor parte del tiempo. En marzo de 2012 tenía cuatro tanques de agua y el municipio estaba instalando dos grifos dobles y reacondicionando la cañería existente, sumando un total de seis grifos. La extensión 18 tenía, antes del convenio, ciento ochohogares sin grifo alguno o conexión de agua. En marzo de 2012 recibieron dos grifos dobles, cuatro grifos en total. Ambos grifos están situados a unos doscientos metros de las viviendas.
El convenio ya ha tenido un impacto positivo en las vidas de los residentes del asentamiento Informal Langaville, que ahora tienen acceso a suficiente agua y servicios básicos de saneamiento. SERI cree que este resultado tendrá un impacto más allá de los derechos de los residentes de Langaville porque podrán capitalizar su éxito mediante el uso de esta estrategia de litigio en asuntos similares concernientes a servicios de agua y saneamiento en asentamientos informales. En marzo de 2012, SERI ya estaba trabajando con otras dos comunidades en Ekurhuleni sobre el acceso a servicios básicos provisionales, entre otros temas. . Más ampliamente, el Caso Mazibuko , resuelto previamente por la Corte Constitucional de Sudáfrica, parece haber creado un límite el cual la Corte no se sentía cómoda sobrepasando durante la resolución de casos relacionados con bienes socioeconómicos. Este límite consistía en los niveles mínimos legales o políticos establecidos, o la exclusión injusta de determinados grupos de bienes socio-económicos. Sin embargo, como se aclaró en el caso Langaville, ahora hay un mayor reconocimiento de las obligaciones mínimas reguladas de servicios básicos (agua y saneamiento) establecidas en el Reglamento de Ley de Servicios de Agua, etc. En el caso de Langaville, fue suficiente realizar una solicitud apuntando al fracaso del municipio en proporcionar estos servicios básicos mínimos en los asentamientos informales, para que la municipalidad asumiera un convenio que se convirtió en una orden del Tribunal. El convenio es vinculante para las partes, pero no es un precedente legal. Sin embargo, parece que ahora éste es el estándar para las obligaciones del Estado relativas a agua y saneamiento, al menos para proporcionar servicios mínimos básicos, de manera gratuita de ser necesario (como fue el caso en Langaville), a todos los residentes
