Mandamus presentado en representación de quienes sufren de severas discapacidades psíquicas y físicas contra el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y la Procuraduría General para que se les preste el servicio de educación primaria gratuita.
El estado fue muy lento en brindar una respuesta significativa a lo ordenado por el Tribunal Supremo, por lo cual fue duramente criticado en sentencias posteriores. Finalmente, sin embargo, se proveyó al demandante de las instalaciones necesarias, si bien fue recientemente.
En el esquema general de la cuestión, esta sentencia ha desempeñado un papel en el logro de la promulgación de la Ley de Educación para Personas con Necesidades especiales en el 2004 y la Ley de Discapacidad en el 2005: en ambas se pretende atender a las necesidades educativas de los niños con discapacidades. Ambas leyes, sin embargo, han sido consistentemente criticadas por activistas por los derechos de las personas con discapacidades.
Fue la primera vez que se interpreta explícitamente que el derecho constitucional a la educación incluye las necesidades educacionales de los niños con discapacidades severas. Este caso, fue la base de una serie de desafíos de finales de los 90’ y principios del 2000, años en los que hubo que hacer frente a las fallas del estado en adecuar la provisión educativa para niños con necesidades especiales.
El alcance y potencial del caso O’Donoghue fue atenuada por una sentencia reciente de la Corte Suprema (Sinnott v. Minister for Education, [2001]IESC 63(12 de julio del 2001, disponible en : http://www.bailii.org/ie/cases/IESC/2001/63.html).