O’Donoghue contra Ministerio de Salud y otros., [1993] I.E.H.C.2 (Ir.)
Mandamus presentado en representación de quienes sufren de severas discapacidades psíquicas y físicas contra el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y la Procuraduría General para que se les preste el servicio de educación primaria gratuita.
La demanda fue iniciada por Paul O’Donoghue, quien nació en noviembre de 1984, y contrajo el síndrome de Reyes, una infección viral grave: como resultado de la misma, a los 8 meses de edad sufrió daños cerebrales. Adquirió graves discapacidades mentales y físicas, y recibió fisioterapia de modo intenso durante dos años luego de haber sido dado de alta. Desde 1986 hasta 1991, Paul recibió entrenamientos esporádicos para mejorar sus habilidades motrices, reflejos y capacidad de reconocimiento, la mayoría de los costos de los mismos fueron cubiertos por su madre.
En varias ocasiones, se le denegó la admisión al pre escolar financiado por el Estado debido a la dificultad de los mismos de incluir un niño con graves discapacidades mentales. Para 1991, la única ayuda estatal que recibía era de un total de 6hs. de enseñanza, lo cual su madre consideraba totalmente insuficiente ya que los niños con discapacidades medias o moderadas recibían educación a tiempo completo y transporte gratuito. A principios de 1992, la madre de O’Donoghue inició una demanda solicitando que los demandados provean educación primaria gratuita a su hijo. En esta decisión, el Tribunal Supremo (High Court), siguiendo una definición anterior de la Suprema Corte (Supreme Court)del concepto de educación, según la cual “ Enseñar y formar a los niños a hacer el mejor uso posible de sus capacidades inherentes, su potencial psíquico y moral y sus capacidades mentales; esta definición se encuentra en armonía con otras definiciones establecidas por las Naciones Unidas y la Convención Europea de Derechos Humanos”. A sí mismo, el Tribunal Supremo hizo referencia a la prueba de que la provisión de educación para chicos con severas discapacidades mentales podría mejorar sus vidas. La corte también entendió que se ha configurado una violación al Artículo 42 de la Constitución, el cual garantiza la educación primaria gratuita para todos, entendiendo que la educación primaria es recomendable y es la enseñanza necesaria para ayudar a los niños a alcanzar su “plena integración social y desarrollo individual”. La violación se hizo más clara con el hecho de que a los niños con medianas y moderadas discapacidades se les proveía de educación primaria. La corte concedió una indemnización de daños y perjuicios a la familia.
El estado fue muy lento en brindar una respuesta significativa a lo ordenado por el Tribunal Supremo, por lo cual fue duramente criticado en sentencias posteriores. Finalmente, sin embargo, se proveyó al demandante de las instalaciones necesarias, si bien fue recientemente.
En el esquema general de la cuestión, esta sentencia ha desempeñado un papel en el logro de la promulgación de la Ley de Educación para Personas con Necesidades especiales en el 2004 y la Ley de Discapacidad en el 2005: en ambas se pretende atender a las necesidades educativas de los niños con discapacidades. Ambas leyes, sin embargo, han sido consistentemente criticadas por activistas por los derechos de las personas con discapacidades.
Fue la primera vez que se interpreta explícitamente que el derecho constitucional a la educación incluye las necesidades educacionales de los niños con discapacidades severas. Este caso, fue la base de una serie de desafíos de finales de los 90’ y principios del 2000, años en los que hubo que hacer frente a las fallas del estado en adecuar la provisión educativa para niños con necesidades especiales.
El alcance y potencial del caso O’Donoghue fue atenuada por una sentencia reciente de la Corte Suprema (Sinnott v. Minister for Education, [2001]IESC 63(12 de julio del 2001, disponible en : http://www.bailii.org/ie/cases/IESC/2001/63.html).
