Summary
En Esta acción de clase se consolidó un número de casos presentados en representación de los/as niños/as negros a quienes se les denegó -por segregación- la admisión a las escuelas públicas, amparándose en la Ley Estatal.
Las instalaciones públicas solían ser segregacionistas racialmente en Estados Unidos, especialmente en el sur. El caso pretendió cuestionar la doctrina "separados pero iguales" establecida en Plessy v. Ferguson, 163 US 537 (1896), que regía hasta ese momento. Esta doctrina sostenía que las instalaciones educativas sustancialmente iguales pero por separado eran respetuosas del trato equitativo entre razas. Los demandantes argumentaron que las escuelas públicas racialmente segregadas no son y no pueden considerarse equitativas y por lo tanto, este sistema les privó de su derecho a una protección equitativa ante la ley, en violación de la decimocuarta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
La corte, destacando la importancia de la educación como una función de Gobierno y el principal instrumento para el progreso y éxito final de un niño, derogó la legalidad de la segregación racial en las escuelas públicas. Además, el Tribunal sostuvo que cuando el estado se compromete a proporcionar educación pública, esta debe ser puesta a disponibilidad para todos en igualdad de condiciones, en virtud de la enmienda14. El Tribunal concluyó que la segregación aprobada por el Estado, sobre la única base de raza, genera un sentimiento de inferioridad entre los niños negros que corre el riesgo de socavar su desarrollo mental y educativo. El Tribunal señaló que "las instalaciones educativas separadas son inherentemente desiguales". Las escuelas segregadas privan a los niños de las minorías de la igualdad de oportunidades educativas, independientemente de que tengan acceso a instalaciones y otros factores "tangibles" que sean iguales.