Summary
La demanda fue iniciada por Paul O’Donoghue, quien nació en noviembre de 1984, y contrajo el síndrome de Reyes, una infección viral grave: como resultado de la misma, a los 8 meses de edad sufrió daños cerebrales. Adquirió graves discapacidades mentales y físicas, y recibió fisioterapia de modo intenso durante dos años luego de haber sido dado de alta. Desde 1986 hasta 1991, Paul recibió entrenamientos esporádicos para mejorar sus habilidades motrices, reflejos y capacidad de reconocimiento, la mayoría de los costos de los mismos fueron cubiertos por su madre.
En varias ocasiones, se le denegó la admisión al pre escolar financiado por el Estado debido a la dificultad de los mismos de incluir un niño con graves discapacidades mentales. Para 1991, la única ayuda estatal que recibía era de un total de 6hs. de enseñanza, lo cual su madre consideraba totalmente insuficiente ya que los niños con discapacidades medias o moderadas recibían educación a tiempo completo y transporte gratuito. A principios de 1992, la madre de O’Donoghue inició una demanda solicitando que los demandados provean educación primaria gratuita a su hijo. En esta decisión, el Tribunal Supremo (High Court), siguiendo una definición anterior de la Suprema Corte (Supreme Court)del concepto de educación, según la cual “ Enseñar y formar a los niños a hacer el mejor uso posible de sus capacidades inherentes, su potencial psíquico y moral y sus capacidades mentales; esta definición se encuentra en armonía con otras definiciones establecidas por las Naciones Unidas y la Convención Europea de Derechos Humanos”. A sí mismo, el Tribunal Supremo hizo referencia a la prueba de que la provisión de educación para chicos con severas discapacidades mentales podría mejorar sus vidas. La corte también entendió que se ha configurado una violación al Artículo 42 de la Constitución, el cual garantiza la educación primaria gratuita para todos, entendiendo que la educación primaria es recomendable y es la enseñanza necesaria para ayudar a los niños a alcanzar su “plena integración social y desarrollo individual”. La violación se hizo más clara con el hecho de que a los niños con medianas y moderadas discapacidades se les proveía de educación primaria. La corte concedió una indemnización de daños y perjuicios a la familia.