Demanda judicial interpuesta por la madre de un niño autista de 4 años contra el Ministerio de Educación y Ciencia para que provean de educación preescolar gratuita y adecuada a su hijo. El derecho a la educación primaria gratuita adecuada a las necesidades de su hijo; Art. 13 (Remedio efectivo) y Art. 2 del Primer protocolo (Derecho a la educación) de la Convención Europea de Derechos Humanos.
En el 2003, con 4 años de edad, a Jeremiah Cronin se le diagnosticó atención dispersa, híperactivismo y autismo. Se evaluó que necesitaba un programa educativo específico de 32 horas semanales en su hogar que satisfaga sus necesidades especiales, mientras aguarda un lugar en la ¨Cork CABAS School¨. Su madre entabló una solicitud de medida cautelar contra el Ministerio de Educación (El Ministerio) para que se proporcione a su hijo 29 horas semanales de educación en el hogar en la etapa preescolar.
Ella alegó que su hijo tenía derecho a la educación primaria gratuita de acuerdo a la Constitución de Irlanda. Para sostener su reclamo se basó en un caso de la Corte Suprema de Irlanda: ¨Sinnott v. Minister for Education [2001] 2 IR 545¨, el cual se refiere al derecho a la educación primaria de las personas que viven con autismo. También fundó su petición en la sección 6 de la Ley de Educación (La Ley), la cual promueve la comunicación entre el ministerio y los padres preocupados por las necesidades educativas especiales de sus hijos; y el Art. 13 (remedio efectivo) y el articulo 2 del primer protocolo (derecho a la educación) de la Convención Europea de Derechos Humanos del 2003.
En noviembre del 2003, el Ministerio de Educación sancionó la educación en el hogar por 20 horas semanales, con efecto retroactivo a enero del 2003. Sostuvo que de este modo cumplía con sus deberes constitucionales y reglamentarios, señaló que la Ley considera los recursos disponibles para atender el derecho a la educación de todos los niños y que solo podría utilizar los recursos ¨razonables¨ para satisfacer las necesidades de Jeremiah.
La Corte Suprema se basó en la decisión en Campus Oil Limited v. Minister for Industry and Energy (No. 2) [1983] IR 88 para conceder la medida cautelar. Asimismo, la Corte encontró que el resarcimiento de daños y perjuicios no es un recurso apropiado para el caso. Y decidió que sin una orden judicial el progreso educativo del niño se vería dificultado.
No está claro como termino sustancialmente el caso.
Este fue un caso significativo ya que en la Corte otorgó un mandato obligatorio en el contexto de una demanda por derechos socioeconómicos (aunque el pronunciamiento se dio en la etapa interlocutoria). Se consideró que la otorga de un mandato iba a ser poco probable debido al su rechazo por la Corte suprema en los casos anteriores Sinnott contra Ministerio de Educacion y T.D. contra Ministerio de educación.
