Denuncia colectiva presentada a la Comisión Europea de Derechos Sociales (ECSR por sus siglas en inglés) al amparo del artículo 16 de la Carta Social Europea (ESC); Derecho de la familia a la protección social, jurídica y económica; Reparaciones; Debido proceso; Desalojos forzados; Derecho a los derechos sociales sin discriminación alguna según el preámbulo de la ESC.
Este veredicto de la ECSR fue consecuencia de una denuncia colectiva recibida por el Centro Internacional para la protección de los Derechos Humanos (INTERIGHTS), miembros de la Red-DESC. Se alegaba que el gobierno griego violó el derecho a la vivienda de los romaníes en Grecia protegido según el artículo 16 de la ESC junto con el preámbulo de dicho documento que garantizaba su igualdad de derechos sociales como un medio para protegerlos contra la exclusión social.
Al fallar a favor del demandante, la ECSR encontró que Grecia no proveyó a los romaníes el acceso a vivienda que cumpla con los estándares mínimos, a pesar de su fallo anterior que les exigía hacerlo (ver ERRC v Grecia 15/03). En particular, la comisión observó que Grecia no proporcionó acceso a una vivienda adecuada a los romaníes, no promulgó normas y garantías legales adecuadas durante los desalojos forzados y no aseguro acceso a remedios adecuadas. Partiendo de una gran cantidad de material presentado por los litigantes, junto con los hallazgos de un número de expertos de las Naciones Unidas, el Consejo Europeo y expertos nacionales, la Comisión encontró evidencia significativa de que muchos romaníes continuaban ocupando viviendas que no cumplían con los estándares mínimos de habitabilidad e infraestructura. Muchos asentamientos fueron poblados por viviendas prefabricadas sin electricidad, agua o recolección de residuos.
Además, la ECSR señaló que, mientras Grecia había adoptado salvaguardas contra la discriminación, el enfoque del estado en garantizar trato equitativo ignoró las circunstancias particulares de los romaníes y no adoptó medidas para asegurar su acceso equitativo a una vivienda adecuada.
Finalmente, la ECSR señaló que, mientras que los romaníes estaban ocupando ilegalmente la tierra de la que fueron desalojados, el estado frecuentemente no proveyó justificación adecuada para los desalojos y no los realizó de manera que respete la dignidad de los romaníes, ni en que contaba con un alojamiento alternativo. El estado tampoco consultó con los romaníes antes de su expulsión, ni les dio aviso adecuado y razonable. Finalmente, la ECSR observó que los gitanos nunca estuvieron suficientemente informados ni sabían cómo ejercer su derecho a impugnar una notificación de desalojo. La ECSR encontró que todas estas situaciones son violaciones del artículo 16.
El 09 de febrero de 2010, Thomas Hammarberg, Comisario de Derechos Humanos del Comisionado del Consejo de Europea para los Derechos Humanos, se reunió con Theodora Tzakri, Viceministra del Interior de Grecia en Atenas, con el fin de discutir la situación de los romaníes. En una comunicación posterior del 13 de abril de 2010 Tzakri dijo que los romaníes serían tratados sobre la base de los derechos humanos. Hasta la fecha, Grecia no ha tomado ninguna acción correctiva concreta. Uno de los peores desalojos de romaníes en Grecia tuvo lugar en Aspropyrgos en agosto de 2010.
El 06 de julio de 2011, en la 1118th reunión de ministros adjuntos, el Comité de Ministros aprobó una resolución (en el punto 4.4 y Apéndice 9) ratificando la enérgica condena del Comité de Derechos Sociales sobre este caso.
Este veredicto es la primera vez que la ECSR re-examinó un tema ya decidido en una sentencia anterior. Al hacerlo y rechazar el intento del gobierno griego de que la queja sea declarada inadmisible, la Comisión consideró que el gobierno griego no sólo no había tomado suficientes medidas para mejorar las condiciones de vida de los romaníes; de hecho, la situación había empeorado.
En un hallazgo que podría también tener un impacto en el acceso a la justicia para otras comunidades marginadas, la Comisión consideró que el recurso legal disponible no era suficientemente accesible. Con muchas familias romaníes sin conocimiento de su derecho a impugnar una notificación de desalojo, por ejemplo, la Comisión consideró que "las especiales circunstancias de las familias romaníes amenazadas de desalojo implican que deben disponer de apoyo especial incluyendo asesoramiento específico sobre la disponibilidad de ayuda legal y en torno a apelaciones".
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