Acción argumentando violación a los derechos a la vida, a la salud y a gozar de un ambiente sano causados por la explotación de carbón en una mina de carbón en Colombia. Principio de Precaución; conexión entre el derecho a un medio ambiente sano y la intimidad de las personas.
En mayo del año 2014 la Contraloría General de la Nación promovió un incidente de desacato contra el Ministerio del Ambiente, la Autoridad Nacional de Licencias y la Empresa Drummond por incumplimiento de las órdenes de la Corte Constitucional.
La Contraloría señala que en la verificación hecha un año después del fallo las órdenes han sido incumplidas, pues el Ministerio de Ambiente no ha hecho cumplir las recomendaciones de la OMS frente a los efectos adversos a la salud y el medio ambiente generados por la explotación carbonífera a gran escala. Respecto a la Empresa, la Contraloría también señala que no ha cumplido con la orden de instalar maquinaria de última tecnología con el fin de minimizar el ruido y la dispersión de carbón.
Drummond, por su parte, señala que si ha tomado las medidas señaladas.
El fallo del incidente de desacato está aún pendiente.
La operación de Drummond en Colombia ha sido muy controversial. La empresa ha sido denunciada en Estados Unidos y en Colombia por homicidio y tortura de líderes sindicales. Los casos ante cortes de Estados Unidos no han prosperado. En 2013 una Corte Colombiana ordenó se investigue si el presidente de Drummond y empleados de la empresa estuvieron implicados en los homicidios y sentenció a 38 años de prisión a un ex contratista de la empresa.
La relevancia del caso radica principalmente en el uso que la Corte Constitucional de Colombia le da al principio de precaución ambiental. La Corte reconoce que la conservación del ambiente no es solamente un asunto de interés general, sino también un derecho internacional y local de rango constitucional. A través del principio de protección y con ayuda de la tutela, la Corte protege la conservación del medio ambiente.
Es importante también, la referencia que hace la corte a legislación de otros países y a jurisprudencia de los diferentes sistemas internacionales y regionales de derechos humanos como fundamento para su decisión.