El caso se refiere al reclamo de una comunidad indígena sobre su territorio tradicional el cual fue vendido por el Estado a particulares. Violación del derecho a la propiedad comunitaria, las garantías judiciales, la protección judicial, a la vida, integridad personal, reconocimiento de la personalidad jurídica, los derechos del niño y al derecho a la no discriminación.
La sentencia aun no ha sido cumplida por Paraguay. En mayo2014, líderes de la Comunidad expusieron en una audiencia ante la Corte Interamericana la falta de seguimiento del Estado para recuperar las tierras. Se estableció un plazo hasta septiembre 2014 para cumplir con la sentencia. En junio 2014, Paraguay decretó una ley de expropiación de tierras que estaban controladas por un ganadero estadounidense, para ser restituidas a la comunidad Sawhoyamaxa (la comunidad Sawhoyamaxa también recibió un fallo positivo de la Corte Interamericana). A pesar de este avance, de acuerdo a Tierraviva, Paraguay, continúa expulsando a comunidades indígenas de sus tierras.
El caso reivindica el reclamo de una Comunidad que viene luchando por su tierra y sus derechos por más de 2 décadas y se suma al reclamo de otras comunidad indígenas de Paraguay que han sido también expulsados de su territorio. La sentencia emitida por un tribunal internacional proporciona herramientas legales a las comunidades y defensores de derechos humanos que continúan luchando por el respeto de los derechos humanos de los indígenas de Paraguay. Este caso refuerza la posición de la Corte Interamericana sobre la existencia de un derecho a la propiedad en algunas circunstancias aunque no exista ningún título de propiedad oficial. En conformidad con su jurisprudencia previa, la Corte estableció una relación entre la tierra y la supervivencia de una comunidad cuando la tierra es utilizada con fines económicos, culturales, sociales y religiosos. La Corte reconoce también el vínculo entre el derecho a la vida y el agua, educación, alimentación entre otros.
Tierraviva