Demanda contra el sistema estatal de financiación de escuelas basada en el artículo referido a la educación de la Constitución de Nueva York (artículo XI, párr. 1). El caso abordó diversos temas, incluyendo el derecho constitucional a una educación básica de buena calidad, la adecuación de la financiación escolar, las asignaciones presupuestarias y el tipo de remedios disponibles
El Estado no cumplió con el plazo establecido para el cumplimiento de la decisión del Tribunal, lo cual dio lugar a una rueda de litigios por incumplimiento. El 14 de febrero de 2005, el juez Leland DeGrasse J, al recibir un informe de un panel de expertos, ordenó al Estado proporcionar a las escuelas de la ciudad de Nueva York 5.600 millones de dólares adicionales para gastos operativos y 9.200 millones de dólares para instalaciones, con el objetivo de que los alumnos gocen del derecho constitucional a una educación básica de calidad. La legislatura adoptó un plan para proporcionar el monto completo destinado a las instalaciones, pero no pudo llegar a un acuerdo acerca de la asistencia operativa. En 2006, tras una apelación, el Tribunal de Apelaciones decidió que el “mínimo constitucional” para los gastos operativos era de 1.930 millones de dólares, pero, al mismo tiempo, urgió al Estado a considerar la posibilidad de proporcionar un monto mayor.
En su período de sesiones de 2007, la legislatura aprobó cambios en la financiación destinados a cumplir con las órdenes judiciales. Sin embargo, en 2009, el Estado frenó el inicio de la implementación del remedio originado en la demanda de la CFE. Posteriormente, durante los períodos de sesiones de 2010 y 2011 de la legislatura, el Estado canceló la totalidad de las medidas reparatorias. Asimismo, se introdujeron cambios legislativos que obstaculizan en forma permanente la provisión de los fondos necesarios para asegurar la educación básica de buena calidad según se interpreta en el caso de la CFE, con la excepción de que la legislatura enmiende las disposiciones respectivas. En casos relacionados, como Maisto c. Estado, iniciado en 2008, se solicitó al tribunal que aplique los principios legales del caso de la CFE a distritos escolares urbanos pequeños con altos niveles de pobreza. Asimismo, en 2014, se presentó la demanda New Yorkers for Students’ Educational Rights (NYSER) c. Estado, que argumenta que el Estado no cumple con su obligación constitucional de brindar a todos los alumnos la oportunidad de acceder a una buena educación. Estos casos todavía están pendientes de resolución.
Este caso es importante por su aporte normativo hacia una mejor comprensión de qué constituye el derecho a la educación, específicamente, bajo la Constitución del Estado de Nueva York, y cómo podemos entender el componente de “aceptabilidad” del derecho a la educación en general (según se presenta en la Observación General Nro. 13 del CESCR). Asimismo, este caso ilustra el hecho de que cuando el gobierno no toma medidas para reparar violaciones constitucionales determinadas por un tribunal, se le puede solicitar al tribunal que formule órdenes de mayor alcance con grandes implicaciones presupuestarias.
Este caso también se debe destacar porque, al “enumerar habilidades específicas que necesitan los alumnos para desarrollar vidas activas en lo político y productivas en lo económico”, la decisión dispone estándares que superan el “contenido mínimo” del derecho a la educación exigido bajo el derecho internacional humanitario. Esto coincide con nuevos estándares internacionales tales como la definición de las “necesidades básicas de aprendizaje” adoptadas por la Declaración Mundial sobre la Educación para Todos. (Cathy Albisa & Jessica Shultz, United States, en Social Rights Jurisprudence, Cambridge University Press, 2008, p. 243)
Asimismo, este caso reunió a una coalición de grupos de defensa de la educación, organizaciones de padres y consejos de escuelas comunales que luchan por fondos más equitativos para las escuelas de la ciudad de Nueva York. Queda claro que una victoria legal no siempre es sinónimo de “éxito”, pero puede tener un efecto multiplicador invaluable para el trabajo actual de incidencia y los litigios relacionados.
(Actualizado en agosto de 2015)
Varios grupos e instituciones participaron en este caso, incluyendo Campaign for Fiscal Equity (una organización sin fines de lucro formada por consejos de escuelas comunales, particulares y organizaciones de padres), American Civil Liberties Union, New York Civil Liberties Union, Brennan Center, Black, Puerto Rican and Hispanic Legislative Caucus, Partnership for New York City Inc., Alliance for Quality Education, entre otras.