El caso fue presentado en nombre de una mujer embarazada que falleció en un hospital mientras esperaba atención obstétrica. Se evaluó si el hospital omitió proveer atención obstétrica adecuada y gestionar correctamente la situación, lo cual representaría una violación de los derechos de la mujer y de los hijos sobrevivientes.
Todavía no se ha pagado el monto de daños generales dispuesto en este caso. Vale destacar que la decisión fue dada a conocer muy recientemente y el pago puede llevar tiempo. Ya ha sido presentado el decreto de sentencia que inicia el procedimiento de cumplimiento de la sentencia y se espera que el Gobierno Local del Distrito de Nakaseke notifique a las partes demandantes el cronograma de pagos en su debido momento. En el caso de que no se paguen los daños, las partes demandantes tienen la opción de exigir la ejecución. Vale destacar que el Tribunal dispuso un interés del 6% anual sobre los daños generales, el cual devenga desde la fecha de la sentencia hasta el pago total.
Este caso estableció el precedente de que los ciudadanos de Uganda pueden demandar a trabajadores de la salud por negligencia médica, ofreciendo un mecanismo para exigir la rendición de cuentas por parte del gobierno respecto de cómo invierte recursos en derechos sociales y económicos como la salud. Resulta muy importante teniendo en cuenta que en Uganda mueren dieciséis mujeres por día al dar a luz debido a causas prevenibles. Muchas de estas muertes podrían evitarse si el gobierno diera prioridad a las inversiones en el sector de la salud a fin de retener y motivar a los trabajadores de ese sector.
Asimismo, el Gobierno y el Consejo Médico prometieron ocuparse en forma individual del médico involucrado en el caso por su negligencia. Se espera que el resultado del caso disuada a otros médicos de actuar con negligencia similar.
También vale destacar que la Constitución de Uganda no prevé el derecho a la salud. Al declarar que la atención obstétrica de emergencia es justiciable bajo la Constitución de Uganda, la sentencia constituye un paso importante hacia el establecimiento de ese derecho en el país. Este caso se suma a varias novedades positivas observadas en Uganda respecto de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), y la Constitución de Uganda. El 29 de mayo de 2015, bajo el liderazgo de Initiative for Social and Economic Rights (ISER), una organización miembro del Grupo de Trabajo sobre el Litigio Estratégico de la Red-DESC, un grupo de organizaciones se presentó frente a la Comisión de Asuntos Legales y Parlamentarios del Parlamento de Uganda para promover la incorporación de todos los DESC en la Carta de Derechos de la Constitución. Sus esfuerzos contaron con el apoyo de varios miembros del Grupo de Trabajo sobre el Litigio Estratégico de la Red-DESC, incluyendo Comisión Internacional de Juristas, Amnistía International, Hakijaami, Center for Reproductive Rights, Legal Resources Centre y Programme on Human Rights and the Global Economy. Se espera que por medio de casos como este y gracias a los esfuerzos de la sociedad civil los DESC puedan ser realizados más plenamente en Uganda.
The Center for Health, Human Rights and Development (CEHURD)