En su conclusión sobre una comunicación que le fue presentada, el Comité Africano de Expertos sobre los Derechos y el Bienestar del Niño aborda el problema de la mendicidad infantil en Senegal y responsabiliza a su gobierno de las múltiples violaciones cometidas según la Carta Africana de los Derechos y el Bienestar del Niño.
La implementación de la decisión está en curso. De hecho, parece que la presentación de la comunicación en el año 2012 ante el Comité llevó al gobierno de Senegal a tomar varias medidas para abordar la mendicidad infantil forzada. Por ejemplo, en 2013 se adoptaron la Estrategia Nacional de Protección Social y la Estrategia Nacional de Desarrollo Económico y Social, y ambas abordan cuestiones relativas a la protección de los niños. Además, también en 2013, se adoptó una política nacional enfocada en la infancia, que incluye secciones centradas en la erradicación de la mendicidad infantil forzadas. Esta política ha generado varias iniciativas, que incluyen el mapeo de las daaras y programas de sensibilización sobre el problema de la mendicidad infantil. Sin embargo, estos pasos no han dado lugar a resultados significativos en la mejora de la situación de los talibés. Todavía queda mucho por hacer.
Senegal es parte de la Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño y la aplicación efectiva de las recomendaciones del Comité constituirán medidas concretas hacia el cumplimiento de sus obligaciones en virtud de la Carta. En su decisión, el Comité establece explícitamente que, en cumplimiento de sus obligaciones de información, Senegal debería notificar al Comité, en un plazo de 180 días desde la recepción de la decisión, todas las medidas adoptadas para aplicar las recomendaciones.
Este caso es significativo porque constituye una de las tres decisiones que el Comité ha tomado hasta la fecha. La decisión es particularmente importante, ya que hace hincapié en que los Estados no son sólo responsables de proporcionar protección legal formal, sino también de garantizar la aplicación efectiva de las leyes. Cerrar la brecha entre las normas y la práctica es esencial para transformar la promesa normativa de derechos socio-económicos en una realidad tangible. Además, este caso rompe la tendencia común de los gobiernos que niegan su responsabilidad: el Gobierno de Senegal adopta un enfoque de colaboración hacia la búsqueda de soluciones sostenibles.
“Dado lo profundamente arraigada que está la mendicidad infantil en la cultura senegalesa, su práctica en el marco de las escuelas religiosas privadas es difícil de erradicar. El gobierno senegalés lleva años luchando contra este problema. Se espera que esto dé impulso a estos esfuerzos”, dijo Frans Viljoen, Director del Centre for Human Rights, uno de los grupos que presentaron el caso.
Los grupos involucrados en este caso son el Centre for Human Rights de la Universidad de Pretoria y la ONG Rencontre Africaine pour la Defense des Droits de l’Homme (RADDHO), con sede en Dakar, Senegal.