Summary
Este caso aborda la dramática situación de hasta 100.000 niños (conocidos como talibés), que, mientras asisten a las escuelas coránicas (daaras) en Senegal, son forzados por algunos maestros a practicar la mendicidad en la calle para procurar su propia supervivencia y enriquecer a sus profesores. Los menores viven lejos de sus familias, a menudo en condiciones deplorables, y son sometidos a brutales agresiones físicas, desnutrición, enfermedades, abusos sexuales y otros malos tratos. La mendicidad forzada les impide el acceso a una educación adecuada. En 2012, el Centre for Human Rights presentó junto a La Rencontre Africaine pour la Defense des Droits de l’Homme una comunicación (en adelanto, el caso) sobre este problema ante el Comité Africano de Expertos sobre los Derechos y el Bienestar del Niño (en adelante, el Comité).
El Comité concluyó que Senegal es responsable de las actividades de estas escuelas a pesar de que son entidades no estatales. Argumentó que el Estado tiene una obligación de proteger los derechos del niño, lo cual requiere medidas del Estado para garantizar que terceras partes (como las personas y las instituciones) no priven a los niños de sus derechos. Senegal ha prohibido legalmente la mendicidad infantil forzada pero el Comité consideró que esto no era suficiente. Dado que, en la práctica, Senegal ha hecho poco para implementar de manera efectiva estas leyes, el Comité falló que Senegal había incumplido numerosas disposiciones de la Carta Africana de los Derechos y el Bienestar del Niño, incluido el principio de los mejores intereses del menor; los derechos a la supervivencia y el desarrollo, la educación y la salud; la prohibición del trabajo infantil, así como la prohibición de la mendicidad infantil.
El Comité ha emitido varias recomendaciones que incluyen instar a Senegal a que se ocupe de que todos los talibés sean sacados inmediatamente de las calles y devueltos a sus familias; que procure asistencia médica y social para los talibés; que garantice que todas las daaras cumplan todas las normas básicas de derechos humanos relacionadas con la salud, la educación y el alojamiento, y que provea educación obligatoria y gratuita.