En la segunda investigación llevada a cabo bajo el artículo 8 del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer concluyó que el gobierno de Filipinas era responsable de violaciones graves y sistemáticas de los derechos de la mujer, en particular según se relacionan con sus derechos a la salud sexual y reproductiva.
En 1991, las Filipinas delegaron la responsabilidad por “la salud y seguridad del pueblo” al nivel local. En ejercicio de estas facultades, en el año 2000 en Manila se pronunció el decreto 003 (“D 003”), en el cual se declaró que la ciudad adoptaría “una posición afirmativa respecto de los temas pro-vida”. En respuesta a una presentación conjunta de ONG realizada en 2008, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (el Comité) llevó a cabo una investigación de supuestas violaciones de los derechos humanos causadas por la implementación del D 003.
El Comité concluyó que el D 003, en la práctica, equivalía a la negación sistemática del acceso asequible a métodos anticonceptivos modernos y servicios e información relacionados. Dicha negación, a su vez, conducía a embarazos no planeados, abortos inseguros, muertes maternas innecesarias y prevenibles, y un mayor riesgo de las mujeres de contraer VIH/SIDA. El Comité observó que las vidas y la salud de miles de mujeres estaban en riesgo y que el impacto del decreto perjudicaba especialmente a los grupos desfavorecidos de mujeres, incluyendo las mujeres y adolescentes pobres, así como las mujeres que se encontraban en situaciones de abuso. Se señaló que el impacto del D 003 se había agravado por la prohibición de financiar métodos anticonceptivos modernos dispuesta por el decreto 030 de Manila.
El Comité concluyó que el gobierno de Filipinas es responsable de violaciones graves y sistemáticas de los derechos de la mujer consagrados en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en particular su derecho a la salud [art. 12] y a la planificación familiar [art. 16 (1)(e); art. 10 (h)]. Aunque los decretos mencionados fueron emitidos por la Ciudad de Manila, el Comité destacó que la delegación de poder de ninguna manera niega o reduce la responsabilidad directa del Estado partede cumplir su obligación de asegurar los derechos de todas las mujeres en su jurisdicción. Claramente, Filipinas no cumplió con esta obligación.
El informe del Comité llama al gobierno de Filipinas a respetar, proteger y cumplir los derechos reproductivos de la mujer y a resolver la necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos asegurando el acceso universal y asequible a toda la gama de servicios de salud sexual y reproductiva, material e información relacionada, incluyendo la legalización del acceso a anticonceptivos de emergencia. El Comité emitió un robusto conjunto de recomendaciones, instando a las Filipinas a revocar los decretos 003 y 030, despenalizar el aborto y sensibilizar a los representantes del gobierno en pos de eliminar las barreras ideológicas que limitan los derechos de la mujer.
Antes de la publicación de los resultados de la investigación del Comité en 2015, y como se indicó en el mismo informe del Comité, se habían observado algunos desarrollos positivos hacia la realización de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer en las Filipinas. Por ejemplo, la Ley de Salud Reproductiva promulgada en 2012, aunque su constitucionalidad no se confirmó hasta el año 2014. Aunque todavía no se percibe una implementación completa, la ley es promisoria ya que garantiza el acceso libre y universal a casi todos los métodos anticonceptivos modernos. La ley podría revocar, por lo menos en la práctica, los decretos mencionados anteriormente. Así es como, por ejemplo, un caso presentado contra el gobierno que cuestionaba la constitucionalidad del Decreto 003 y exigía su revocación, fue rechazado en 2014 con el fundamento de que el caso se refería a un “punto obsoleto” a partir de la promulgación de la Ley de Salud Reproductiva. Sin embargo, la revocación explícita de los decretos 003 y 030, como lo recomienda el Comité, permitirá resolver claramente toda pregunta o confusión relacionada con si existen o no. El avance de estos desarrollos positivos y la implementación de las recomendaciones del Comité serán pasos concretos de Filipinas hacia el cumplimiento de sus obligaciones emanadas de la CEDAW.
Este caso es muy importante ya que se trata de la segunda investigación llevada a cabo bajo el artículo 8 del Protocolo Facultativo de la CEDAW, y la primera sobre el derecho a la salud sexual y reproductiva. Los resultados no solo tendrán efecto sobre las Filipinas, sino, también, probablemente sobre otros países en los que las mujeres enfrentan graves violaciones similares de sus derechos.
La publicación del informe del Comité resulta muy oportuna, porque el Comité examinará el cumplimiento de la CEDAW por parte de Filipinas en julio de 2016, en el marco de su procedimiento de revisión periódica, cuando seguramente se mencionarán las recomendaciones actuales, las cuales podrían aportar un ímpetu adicional para el cumplimiento efectivo.
Las ONG participantes en este caso son Task Force CEDAW Inquiry, de Filipinas, y las organizaciones miembro de la Red-DESC Center for Reproductive Rights (CRR) e International Women’s Rights Action Network Asia-Pacific (IWRAW). Task Force CEDAW Inquiry (Task Force) está formada por 20 ONG: EnGendeRights (coordinadora), que también es miembro de la Red-DESC; WomenLEAD (coordinadora); Alternative Law Groups (ALG); Democratic Socialist Women of the Philippines (DSWP); Family Planning Organization of the Philippines (FPOP); Health Action Information Network (HAIN); Health & Development Initiatives Institute, Inc. (HDII); Institute for Social Studies and Action, Philippines (ISSA); Kapisanan ng mga Kamag-anak ng Migranteng Manggagawang Pilipino, Inc (KAKAMMPI); MAKALAYA; Philippine Legislators' Committee on Population and Development (PLCPD); Philippine NGO Council on Population, Health and Welfare, Inc., (PNGOC); Population Services Pilipinas, Inc. (PSPI); Sentro ng Alternatibong Lingap Panlegal/Alternative Legal Assistance Center (SALIGAN-ALAC); Save the Children USA-Oficina de Filipinas; The Forum for Family Planning and Development, Inc.; Woman Health Philippines; Women’s Crisis Center; Women’s Legal Bureau (WLB); Women’s Media Circle Foundation, Inc.
Estas organizaciones enviaron al Comité de la CEDAW una presentación conjunta el 2 de junio de 2008, solicitando que se llevara a cabo una investigación en Filipinas sobre violaciones graves y sistemáticas de los derechos garantizados por la CEDAW. Durante la investigación, los grupos aportaron al Comité información actualizada el 23 de abril de 2009, el 13 de julio de 2010 y el 30 de abril de 2012.
