Summary
El caso fue iniciado en 2008, cuando Inclusive Communities Project (ICP), un grupo sin fines de lucro, demandó al Texas Department of Housing and Community Affairs (TDHCA, la autoridad de vivienda y asuntos comunitarios del estado de Texas) por un programa de créditos fiscales federales empleado por los gobiernos estatales y locales para construir viviendas económicas. ICP adujo que TDHCA perpetuaba la segregación violando la ley Fair Housing Act (FHA) al otorgar demasiados créditos fiscales a nuevos proyectos de construcción de viviendas en zonas urbanas centrales predominantemente habitadas por la población negra, por un lado, y demasiado pocos créditos fiscales en áreas suburbanas habitadas en su gran mayoría por blancos, por el otro. En la demanda se adujo que esto constituía un acto de discriminación basada en el impacto desproporcionado. Los casos de impacto desproporcionado se presentan cuando una política o práctica tiene efectos desproporcionados sobre una persona o personas de una clase protegida, lo cual, bajo la FHA, incluye una raza. Tras procedimientos en tribunales menores,TDHCA apeló ante la Corte Suprema para que decida si el Tribunal de Distrito y el Tribunal de Apelación del 5to. Distrito debieron haber permitido el reclamo de impacto desproporcionado bajo la FHA.
En una decisión mayoritaria y sobre la base de una amplia gama de factores, la Corte Suprema decidió que la FHA no solo previene la discriminación intencional en el mercado de viviendas, sino que también puede prohibir las políticas aparentemente neutras respecto de la raza que tienen el efecto de perjudicar en forma desproporcionada a minorías y otros grupos protegidos, incluso ante la ausencia de pruebas explícitas de parcialidad. La Corte concluyó que la responsabilidad por el impacto desproporcionado puede servir para "contrarrestar prejuicios inconscientes y animosidades ocultas que no son fáciles de clasificar como tratamiento desigual". En la sentencia, el juez Kennedy, hablando en nombre de la mayoría, ve el origen del problema de los modelos de segregación en el ámbito habitacional en la mitad del siglo XX, cuando diversas formas de discriminación racial en los planes de vivienda dejaron a las familias de minorías sin acceso a recursos y aislaron a las familias negras en el centro de las ciudades, lo que condujo a grandes disturbios sociales en la década de 1960. En última instancia, la FHA fue promulgada para resolver la falta de oportunidades de acceso a viviendas de las minorías. La sentencia reconoce que la FHA posee "el rol permanente de avanzar la Nación hacia una sociedad más integrada". Sin embargo, también advierte que no se pueden presentar reclamos de impacto desproporcionado cada vez que existen desigualdades estadísticas en el mercado habitacional. En tal contexto es necesario establecer que las políticas habitacionales causaron la desigualdad y que tales políticas no promueven otro objetivo válido.
