Este caso llegó a la Corte Suprema en la instancia de apelación y cuestiona un aspecto de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (Affordable Care Act, ACA) referido a si se pueden otorgar subsidios a personas de bajos ingresos que adquieren seguros de salud por medio de bolsas federales. Estos subsidios son clave para permitir que las personas accedan a una cobertura de salud asequible.
El 25 de junio de 2015, en el caso King c. Burwell, la Corte Suprema resolvió un asunto que afecta la cobertura de salud de millones de estadounidenses. La Ley de Cuidado de Salud Asequible fue aprobada por el Congreso en 2010 para aumentar la cantidad de estadounidenses con cobertura médica. Bajo la ACA, la población puede adquirir seguros de salud por medio de “bolsas” estatales, las cuales son, básicamente, mercados en los que las personas pueden comparar y comprar planes de seguros. Cada uno de los estados puede crear su propia bolsa, pero, si un estado opta por no hacerlo, el gobierno federal se ocupa de crearlo. Las personas y familias de bajos ingresos reciben subsidios en forma de créditos fiscales federales para que puedan comprar cobertura y para que, en general, los costos de los seguros de salud se mantengan en un nivel asequible. La Suprema Corte debía decidir si las personas de los 34 estados que utilizan una bolsa creada por el gobierno federal, en lugar de una bolsa estatal, podían acceder a los créditos fiscales. El texto de la ACA prevé que dichos créditos fiscales “se deberán otorgar” a cualquier “contribuyente correspondiente” (26 U.S.C. párr. 36B(a)), solo si el contribuyente está inscripto en un plan de seguros por medio de “una bolsa establecida por el estado…” (párr. 36B(b)-(c)). La pregunta era si ese texto podía incluir las bolsas federales. Concluyendo que el texto de la ley (en particular, la frase “establecida por el estado”) era ambiguo, la Corte determinó que era necesario considerar la estructura más amplia de la ley para interpretar correctamente su texto.
Al evaluar la ACA en su totalidad, la Corte concluyó que eliminar los subsidios para las personas que confían en las bolsas federales tendría consecuencias de gran alcance que afectarían el acceso de millones de estadounidenses a la atención médica asequible y que, posiblemente, conducirían a los mercados de seguros individuales de cada estado a un espiral de muerte con grandes aumentos en las primas y una marcada caída en la cantidad de suscripciones a los mercados. No se consideró plausible que la intención del Congreso hubiese sido que la ley opere de tal manera. La Corte también afirmó que la estructura misma del párrafo 36B sugiere que los créditos fiscales no se limitan a las bolsas estatales. El juez Roberts, opinando en nombre de la mayoría, concluyó que “…En todos los casos debemos respetar el papel de la legislatura… El Congreso aprobó la Ley de Cuidado de Salud Asequible para mejorar los mercados de seguros de salud, no para destruirlos. Siempre que sea posible, debemos interpretar la ley de una manera que sea coherente con lo primero y evite lo segundo”. La Corte decidió así que los subsidios mediante créditos fiscales están disponibles para las personas que utilizan bolsas federales.
En este caso, el cumplimiento no constituye un problema, dado que los créditos fiscales simplemente continúan siendo otorgados tanto para bolsas estatales como federales.
Este caso es particularmente importante, porque preserva el acceso a seguros de salud asequibles de millones de estadounidenses de ingresos medios y bajos. La decisión permitió que más de 6,4 millones de personas (algunas estimaciones llegan a hablar de hasta 9,3 millones de individuos) de 34 estados mantengan sus subsidios, lo que les posibilita acceder a una cobertura de salud a precios razonables. De hecho, la pérdida de créditos fiscales hubiera afectado a muchas personas más que las que actualmente reciben subsidios. Sin el apoyo de los subsidios, muchos no podrían pagar el seguro y los consumidores de mayores recursos simplemente renunciarían a la cobertura, dejando a las aseguradoras con un conjunto de clientes con más problemas de salud y más costoso. Esta situación hubiera causado un aumento de los precios para todos. Dada la firme oposición de los sectores conservadores a la ACA, este caso también es importante debido a que la Suprema Corte, de esta manera, interpretó tan categóricamente que la ley permite los subsidios que le otorgó una robusta protección frente a futuros cuestionamientos basados en interpretaciones legales técnicas.
Aunque en los Estados Unidos no se reconoce la existencia de un derecho constitucional a la salud y en el pasado la Corte fue muy conservadora en su interpretación de la ACA, su opinión en el caso King c. Burwell constituye un apoyo claro al acceso a la atención médica asequible para los estadounidenses.
La profesora de la Northeastern Law School Martha Davis, ha seguido de cerca los casos litigados en esta área, consideró que la decisión de la Corte había sido pragmática y respetaba los límites entre la Corte y el Congreso. “El Congreso puede modificar la ley si desea reducir la cobertura”, explicó Davis, “y, en ausencia de tal modificación, es absolutamente apropiado que la Corte tenga en cuenta los objetivos básicos de la ley al interpretar el lenguaje específico de la norma. Lejos de ser una decisión política, se trata de una decisión que aparta a la Corte de la disputa política y aplica un análisis legal básico sustentado en principios”.
(Actualizado en Diciembre de 2015)
Se presentaron treinta escritos de amicus curiae en apoyo de la disponibilidad en todo el país de créditos fiscales para permitir que millones de estadounidenses accedan al cuidado de salud asequible. Los escritos fueron presentados por organizaciones como el Harvard Law School Centre for Health Law and Policy Innovation, Families USA, National Health Law Program, National Education Association, National Women’s Law Center, Services and advocacy for GLBT Elders, National Council on Aging, American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations, Service Employees International Union, Asian and Pacific Islander Coalition on HIV/AIDs, Black AIDS Institute, Gay & Lesbian Advocates Advancing LGBT Equality, HIV Prevention Justice Alliance, National AIDS & Education Services for Minorities, National Black Justice Coalition, National Minority AIDS Council, entre otras. (Ver la lista completa en http://theusconstitution.org/sites/default/files/briefs/CAC-King-Brief%20Summaries-Govt-Side.pdf.)
