Summary
En 2004, la Secretaría de Salud de Botswana distribuyó una directiva interna entre instituciones médicas públicas para informarles de un Decreto Presidencial que autorizaba “el suministro de tratamiento gratis a reclusos que no sean ciudadanos que sufran de enfermedades que no sean el SIDA”. Reclusos de Zimbabwe con VIH positivo presentaron demandas para cuestionar ea decreto después de que se les negaran medicamentos de una terapia antiretroviral (TAR). Argumentaron que esta negativa infringía la Política Nacional sobre VIH y SIDA, la obligación del gobierno de proporcionar atención médica básica a personas encarceladas, y violaba los derechos a la vida y la no discriminación, constituyendo un tratamiento inhumano y degradante (bajo los artículos 4, 3, 15 y 7 de la Constitución).
El Tribunal de Apelación descartó el decreto, considerando que discriminaba ilegalmente contra los presos que no eran ciudadanos violando la Ley y Reglamentación de Cárceles, y ordenó al gobierno proporcionar en forma inmediata asesoramiento y tratamiento gratis con TAR a presos que no fueran ciudadanos según fuera necesario. Aunque los argumentos constitucionales de los presos “apuntal[aban]” sus reclamos principales, no era necesarios para determinar que el decreto era ilegal, sino que, la Ley y Reglamentación de Cárceles contiene principios del derecho anglosajón, incluyendo “el derecho a igual tratamiento de todos los presos”. Por ello, la negativa del gobierno de suministrar TAR a extranjeros, aunque sí se la suministra a los ciudadanos, constituía una violación de su obligación de proporcionar servicios de asistencia médica adecuada a todos los presos.
El tribunal rechazó los argumentos del gobierno sobre la discriminación permisible, la violación de los principios de la separación de poderes y las limitaciones de recursos. Primero, concluyó que, debido a que ea decreto no era una ley y porque la Ley y Reglamentación de Cárceles prohibía la discriminación, el decreto no era “justificable razonablemente” por el interés público o para proteger los derechos de otros. Asimismo, el artículo 15(4)(b) de la Constitución no justifica la discriminación en el ejercicio de funciones públicas, siempre que no esté autorizada por ley, lo que no había ocurrido en este caso. Segundo, el tribunal afirmó que el decreto era una decisión administrativa, no ejecutiva, y, como tal, estaba sujeto a revisión. Finalmente, concluyó que el gobierno no había demostrado adecuadamente que no podía enfrentar los costos de la TAR de los reclusos extranjeros. El tribunal destacó que “[e]s responsabilidad del gobierno asignar partidas presupuestarias a fin de cumplir con sus obligaciones legales. Si la ley requiere que se provea un servicio, se deben encontrar los fondos para proveerlo o se debe encargar al parlamento que modifique tal ley. La falta de fondos no justificará la desobediencia de la ley bajo circunstancias normales”.
Respecto de la decisión del tribunal inferior, que se había basado en fundamentos constitucionales, el tribunal advirtió que no se debían interpretar derechos socioeconómicos en la Constitución de Botswana que no estaban garantizados por ella, como el derecho a la salud. Por lo tanto, el tribunal limitó su decisión a presos extranjeros que requirieran tratamiento médico y no halló un derecho a la salud para todos los residentes extranjeros con VIH positivo.
